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SIP: Maduro usa la ley del odio para amordazar a la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, utilice acusaciones de “incitación al odio” contra periodistas para criminalizarlos y coartar la opinión contraria a la oficialista.

Condena que las voces disidentes sean acusadas de instigación al odio y se enfrenten a penas de hasta 20 años de cárcel

Denunció que la polémica “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” creada en 2017 es ahora “el instrumento predilecto de Maduro para amordazar a la prensa y a los periodistas”.

La difusión de mensajes de odio se castiga hasta con 20 años de cárcel, multas a empresas y clausura de medios de comunicación, entre otras sanciones.

“Esta es una muestra adicional del asedio del régimen contra los periodistas y la prensa”, se lamentaron Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Robert Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización.

Lamentaron que disfrace “la censura y la criminalización de la crítica con una legalidad incongruente a los principios internacionales que garantizan de libertad de expresión en sociedades democráticas”.

Condenaron las frecuentes detenciones arbitrarias contra periodistas durante la cobertura noticiosa y las acusaciones de “incitación al odio que el poder político imputa a sus críticos a través de una justicia que carece de independencia y no respeta el debido proceso”.

Entre los incidentes más recientes, el 15 de julio el periodista Otilio Rodríguez fue detenido durante más de 20 horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por informar sobre la presunta participación de miembros de esa institución en la venta ilegal de gasolina.

Rodríguez, quien trabaja en la radio Pura Candela 93.3 FM y dirige los portales Carupanero.com y Somos Noticia, fue imputado por “instigación al odio”, señaló la SIP en un comunicado rerseñado por la agencia EFE.

El 13 de julio fue detenido Nícmer Evans, director del portal Punto de Corte, por supuestamente instigar al odio. Su vivienda fue allanada, requisaron equipos electrónicos y la cuenta de Twitter del medio digital fue intervenida.

El 17 de julio el tribunal ratificó la privación preventiva de libertad contra Evans.