Diputada Aponte: Desalojos vulneran derechos de los más necesitados
“El Instituto de la Vivienda de Vargas viene poniendo en práctica un modus operandi que deja desvalidas a muchas familias de los urbanismos de la Misión Vivienda. Se presta para vagabunderías en complicidad con los consejos comunales, les cambian las cerraduras, impiden sacar pertenencias, no se les hace un procedimiento legal”, denuncia la diputada a Asamblea Nacional, Ana Mercedes Aponte.
Indica que es común que adjudiquen nuevamente las viviendas con las pertenencias de el dueño anterior y no hay quien responda por los objetos perdidos, “esta es la triste realidad a que están sometidos las personas a quienes el gobierno le adjudicó casas, se vulneran los derechos de los más necesitados”.
Denuncia que ni la Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Mujer y mucho menos el despacho del Gobernador responden por esos atropellos que violentan el derecho a la familia, a la mujer, a los niños que quedan a la buena de Dios.
“Estas viviendas no son propiedad de quién la habita es propiedad del gobierno esto le permite abusar de las familias que las ocupan”, reiterando que por eso el Parlamento Nacional impulsó en marzo de 2016 la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“Nicolás Maduro envió esa ley al Tribunal Supremo de Justicia TSJ para que la declararan inconstitucional porque afectaría sus intereses, claro está si le entregaban títulos de propiedad a quienes la ocupaban no podían ejercer control social sobre estas familias”. Señala que seguirán en defensa de las familias afectadas, pues considera que se están violentando la Constitución y las leyes venezolanas.
María Lourdes Arráez
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