Aduaneros alertan “alcabalas” y cobros ilegales en trámites administrativos

Laura De Stefano

El sector aduanero alzó su voz de protesta ante las irregularidades detectadas en el proceso de actualización anual exigido por las gerencias de aduanas a los auxiliares de la Administración Aduanera (agentes, consolidadores y transporte multimodal).

En un comunicado el sector señala que, según la Ley Orgánica de Aduanas (Art. 90 y 92), los auxiliares solo están obligados a mantener las condiciones iniciales que permitieron su autorización.

No obstante, denuncian la exigencia de requisitos adicionales no contemplados en la ley, aplicados de forma discrecional.

Sin embargo, se observa con preocupación la exigencia de requisitos adicionales no contemplados en la Ley ni en su Reglamento, aplicados de forma discrecional como la exigencia de una constancia de residencia comercial vigente emitida por la Prefectura.

Este trámite presenta las anomalías, entre ellas el pago de $60 a la tasa del BCV. Esto violenta el artículo 31 de la Ley de Timbre Fiscal, que establece montos significativamente menores (Bs. 4.973,70 para personas jurídicas y Bs. 814,74 para naturales). Cualquier cobro por encima de la ley se considera un delito.

La otra irregularidad es invasión de competencias, porque la emisión de cartas de domicilio es competencia de la Alcaldía y del Poder Comunal, no de las dependencias del Gobierno regional.

“Las aduanas están actuando como entes recaudadores para la Prefectura, obligando a más de 1.200 auxiliares en La Guaira, muchos en situación pasiva por la baja en operaciones, a costear este requisito ilegal”.

Reiteran que el domicilio fiscal de una empresa ya está plenamente acreditado mediante documentos oficiales que los auxiliares ya poseen y presentan, tales como Licencia de Actividades Económicas, Registro de Información Fiscal, declaraciones de ISLR e IVA, y pagos de servicios públicos y seguridad social.

Finalmente, exhortan a las autoridades a apegarse al principio de simplificación de trámites administrativos y a cesar estas exigencias extralegales que vulneran la seguridad jurídica y la operatividad del sector en la jurisdicción. / LDS