Víctimas piden a la ONU condenar ola de invasiones
Líderes vecinales agrupados en el Frente en Defensa del Norte de Caracas acompañados por propietarios víctimas de invasiones acudieron al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Venezuela para exigirle a Michelle Bachelet que como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se pronuncie en rechazo a la violación masiva y sistemática de la propiedad privada en el país.
“El aumento en la ola de invasiones ocurrida desde la instalación de la Asamblea Nacional madurista es sólo un capítulo más de los muchos ataques a la propiedad privada perpetrados por el socialismo del siglo XXI, casos como las masivas e ilegales expropiaciones como la del Sambil La Candelaria, la ley de arredramientos que autorizaba la toma ilegal de casas o el censo de vivienda donde colectivos, comuneros y militantes del PSUV marcaban residencias y comercios desocupados”, dijo Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas.
Rojas entregó pruebas con testimonios de víctimas de cómo la propia Alcaldía de Libertador encabezada por Erika Farías, respalda colectivos, dándoles autorización de invadir y en muchos casos declarando ilegalmente la utilidad pública de las edificaciones sin pagarle nada a los dueños.
“Ejemplos hay muchos pero de ellos destacan el edificio Padrón en la parroquia San Pedro, donde invasores identificados con el PSUV, tomaron a la fuerza el inmueble. Caso similar ocurrió en la Mansión Forever, en la Alta Florida, allí dichos grupos invadieron el inmueble y argumentando usarla como centro de atención del covid-19”.
«Al ser la propiedad privada un derecho humano consagrado Declaración Universal y Convención Americana de los DDHH le exigimos a Michelle Bachelet que como Alta Comisionada de la ONU realice una exhaustiva investigación sobre la violación sistemática de la propiedad privada por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
También solicitóque se entrevisten a las víctimas de la confiscación de sus inmuebles y se incluya en los informes sobre la situación de los Derechos DDHH este grave tema. Además, que se interceda ante el gobierno para que los dueños puedan recuperar el control de sus casas, locales y edificios, reseñó La Patilla.
Afectados arruinados
Horencio Mariñas, propietario de una empresa de textiles, fue a exponer el caso del edificio Padrón, donde su comercio fue uno de los muchos invadidos por colectivos armados. “Amenazaron de muerte de muerte a la conserje del edificio para que les abriera la puerta y tomar posesión de las instalaciones de la fábrica”, relató Mariñas.
“Llamamos a las FAES (Fuerza de Acciones Especiales) pero se retiraron de inmediato porque dijeron que habían recibido órdenes desde arriba para no intervenir. Acudimos a la fiscalía y otras instancias que tampoco pudieron hacer nada por la misma razón”, narró el empresario octogenario.
“Por esa acción se perdieron 160 puestos de empleo que beneficiaban a varias familias humildes y trabajadoras, se perdieron maquinarias y materia prima para producir, yo tenía una capacidad instalada para hacer 70 mil tapabocas y todo eso lo perdió”, lamentó.