SIP pide liberación de los periodistas Jatar y Puglia

La Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció en relación a la detención de los periodistas venezolanos Braulio Jatar y Alejandro Puglia, de quienes exige su liberación.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, pidió a las autoridades venezolanas «garantías” a la seguridad física de Jatar, al tiempo que exigió que «se cumpla con el principio constitucional de respeto a la libertad de prensa, la movilidad y actividad de los periodistas».

Jatar, quien es editor jefe del portal web Reporte Confidencial, fue detenido en Margarita el sábado pasado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, un día después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibiera un cacerolazo y protestas durante su recorrido por la comunidad de Villa Rosa.

Este periodista está siendo acusado de presunta legitimación de capitales, tras el hallazgo en su vehículo de un maletín con 25.000 dólares y 19.000 bolívares (unos 1.900 dólares).

Sin embargo, la familia de Jatar denunció que el arresto es en represalia y un acto de intimidación a Jatar por difundir información y vídeos en Reporte Confidencial sobre la protesta que recibió muy de cerca el presidente Maduro.

Dice la nota de la SIP que Jatar, quien también es abogado, «negó a través de su letrado haber tenido el dinero en el momento de su detención». Su abogado calificó su arresto de «emboscada» y acusó que el informe oficial indica que supuestamente tenía intención de entregar ese dinero a «grupos de la oposición para desestabilizar la próxima Cumbre de los Países No Alineados», que tendrá lugar del 13 al 18 de septiembre en la isla Margarita.

En el mismo comunicado, la SIP también solicitó la liberación de Alejandro Puglia, periodista y director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional, detenido por el Sebin el pasado jueves por usar un dron para tomar fotografías de la protesta de ese día en Caracas e imputado por el delito de «favorecimiento bélico».

Pese a que el Ministerio Público solicitó su liberación, Puglia sigue detenido después de que una jueza lo acusara del delito de «favorecimiento bélico», sancionado en el Código Penal con entre cinco y 10 años de cárcel.

Explica que si bien existía una prohibición administrativa para el manejo de ese tipo de aeronave pilotada a distancia durante las protestas del 1 de septiembre, la legislación actual no lo tipifica como delito, por lo que la situación de Puglia, según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), «queda a discrecionalidad del Gobierno venezolano».

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