Rechazan proyectos habitacionales en zonas de alto riesgo en Los Corales

El terreno está zonificada como área verde o SDR para la construcción de parques o canchas deportivas

Laura De Stefano

Habitantes de la urbanización Los Corales han alzado su voz en señal de protesta y advertencia ante la intención de construir 50 viviendas en las parcelas 6, 16 y 20 del sector.

Aseguran que estas áreas, ubicadas en el cono de eyección del río San Julián, fueron declaradas no aptas para el desarrollo de viviendas tras la tragedia de 1999.

Según recordaron los vecinos, en el año 2015, bajo la gestión del general Jorge Luis García Carneiro se intentó construir en dicho terreno. Sin embargo, las obras debieron paralizarse debido a la extrema inestabilidad del suelo, que incluso provocó grietas y daños estructurales en las viviendas colindantes.

“No queremos más tragedias. Entendemos y nos solidarizamos con quienes necesitan un techo, porque aquí muchos aún no se levantan del 99, pero no podemos permitir que se construya sobre el peligro”, declararon representantes de la zona.

Los residentes manifiestan que las nuevas construcciones agravarían la crisis de los servicios básicos. «No tenemos agua, sufrimos constantes fallas y fluctuaciones eléctricas, y las cloacas están colapsadas».

Este lunes un grupo de vecinos acudió a la Gobernación, donde fueron atendidos por Daniel Mata, quien se comprometió a realizar una mesa de trabajo con la comunidad.

Respetar la voluntad popular

Los habitantes informaron que el 15 de julio de 2023, se celebró una asamblea de ciudadanos donde se aprobó por unanimidad, mediante el método ACA, que el destino de dichas parcelas debe ser la creación de parques infantiles.

Esta decisión busca mitigar el riesgo ambiental y ofrecer espacios de esparcimiento que no comprometan la seguridad del sector.

Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades regionales para que respeten la voluntad popular y los estudios técnicos que califican estas tierras como zonas de seguridad, evitando así poner en riesgo la vida de futuros beneficiarios y de quienes ya residen en la urbanización.