¿Qué pasa si se activa la Carta Democrática en Venezuela?
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó este martes a una «sesión urgente» del Consejo Permanente de la entidad para discutir la situación en Venezuela, invocando la Carta Democrática Interamericana.
En un informe de 132 páginas dirigido al presidente del Consejo, el argentino Juan José Arcuri, Almagro pidió una sesión entre el 10 y el 20 de junio dedicada a la «alteración del orden constitucional» en Venezuela y cómo se afecta gravemente «el orden democrático» en ese país.
Almagro basó su pedido de una sesión urgente del Consejo Permanente en el artículo 20 de la Carta Democrática, que otorga al Secretario General la autoridad para convocar reuniones inmediatas para «realizar una apreciación colectiva y adoptar las decisiones que estime conveniente».
De acuerdo con esa Carta, el Consejo Permanente puede disponer, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para «promover la normalización de la institucionalidad democrática».
¿Qué pasaría en Venezuela si se activa la Carta Democrática?
Con la activación de la Carta Democrática Interamericana se puede acordar la suspensión temporal del Estado Miembro, del ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Para que ello se materialice se requiere del voto de los dos tercios de los Estados que conforman la Organización (34 países).
La intervención extranjera directa (Cascos azules u otras fuerzas) no está prevista en ninguno de los contenidos de la Carta Democrática, ya que eso iría en contra de los principios de no intervención, soberanía e independencia de los Estados, fundamentos que rigen el espíritu de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Art.3). Pero, la aprobación de una resolución por parte de una Asamblea General condenando el comportamiento antidemocrático del gobierno representa un triunfo para los sectores democráticos.
Asimismo, la exclusión del sistema interamericano limita la capacidad de acción del gobierno, y este internacionalmente se encontrará igualmente aislado y en entredicha su gestión administrativa. La aplicación de las sanciones previstas en la Carta Democrática representa un activo moral para los sectores de oposición.
En materia internacional, ante una alteración del orden constitucional, cualquier Estado miembro de la OEA o su secretario general podrán solicitar la convocatoria del Consejo Permanente para analizar la situación y adoptar las decisiones diplomáticas o de buenos oficios que se estimen convenientes, a fin de promover la normalización de la situación alterada.
En caso de aprobarse este mecanismo Venezuela se convertiría en el primer país al que se le aplica la Carta Democrática Interamericana en contra de la voluntad de su Gobierno en los 15 años de historia de este instrumento.
Hasta ahora se ha recurrido a la Carta en contadas ocasiones y siempre ha sido porque el propio Estado ha pedido la asistencia de la organización (artículo 17) o porque un grupo de Estados ofrecieron ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18).
El Gobierno venezolano ha rechazado rotundamente que Almagro active la Carta por considerar que no existe ninguna «alteración del orden democrático» que lo justifique y porque ven al secretario, en palabras de Maduro, como «un agente de la CIA que conspira con EE.UU. para una intervención en el país».
Con información de AFP