Piden a la ONU mediar ante el Gobierno por mejoras a los pensionados

La Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela (Copenjuve) pidió a las Naciones Unidas apoyo ante las condiciones precarias que aseguran sufrir debido, entre otras causas, a los ingresos que devengan, equivalentes hoy a unos 3,5 dólares al mes en el caso de las pensiones.

En una misiva dirigida al coordinador residente de la ONU en el país caribeño, Gianluca Rampolla, la Copenjuve indicó que más de cinco millones de adultos mayores enfrentan una pérdida del valor adquisitivo de las pensiones y jubilaciones, como consecuencia de la errática política económica, social y antilaboral impuesta desde la cúpula del poder político.

Según el escrito, acuden a la ONU debido a que no han recibido respuesta alguna desde el 9 de marzo de 2022 por parte de autoridades e instituciones públicas venezolanas.

La Copenjuve señaló que, con la pensión y jubilación, el Gobierno «sigue incumpliendo uno de los objetivos de desarrollos establecidos por las Naciones Unidas, que llama a los Estados miembros a erradicar la pobreza extrema antes de 2030».

Por otra parte, denunció que el Gobierno  suspendió, arbitrariamente, el pago de las pensiones» a 11.700 venezolanos radicados en España y a unos 20.000 en otros países, sin facilitar más datos ni pruebas al respecto.

La Copenjuve aseguró que los pensionados dentro y fuera del país caribeño, ante esta situación, «se ven obligados a depender de familiares, amigos, organizaciones caritativas como las iglesias y las ONG de derechos humanos que prestan ayuda humanitaria».

Por tanto, solicitó a la ONU intermediar con el Ejecutivo  a fin de promover una mesa de trabajo en la que se analice  integralmente la situación social y económica de los adultos mayores» y se acuerden las soluciones respectivas.

El Gobierno, por su parte, insiste en que las sanciones internacionales impuestas contra el país -en especial, por Estados Unidos- han afectado a su capacidad para pagar mejores salarios y pensiones.

EEUU suspendió algunas de sus sanciones en octubre, entre ellas al petróleo, la principal fuente de ingresos de Venezuela, pero evalúa retomarlas en abril si no se levanta la inhabilitación que impide a la opositora  María Corina Machado competir en las presidenciales del 28 de julio y en otros comicios hasta 2036.