Periodistas exiliados y medios sin fondos
El informe de la ONG Laboratorio de Paz, relata que luego de la juramentación de Nicolás Maduro, el 10 de enero, se incrementó el deterioro del ejercicio periodístico en el país
La reducción de las capacidades de los medios de comunicación en Venezuela, debido a la represión, el exilio de periodistas y la disminución de sus fuentes de financiamiento, es la principal conclusión del reciente informe de la ONG venezolana Laboratorio de Paz.
El documento, titulado Libertad de expresión, medios y comunicadores 2025. Impacto del cierre del espacio cívico en el derecho a la información en Venezuela, relata como se incrementó el deterioro del ejercicio periodístico en Venezuela.
El 92% de los encuestados opinó que los riesgos para el ejercicio del periodismo aumentaron durante 2025.
Entre los principales hallazgos se encuentra la profunda reducción de la capacidad de los medios de comunicación venezolanos debido a la disminución de sus fuentes de financiamiento.
Debido “al agravamiento del conflicto” político, los medios de comunicación tuvieron que abandonar el modelo de sustentabilidad basado en los avisos publicitarios para pasar a uno basado en la recepción de cooperación internacional.
La reorientación de fondos de las agencias internacionales, ocurrida durante 2025, ha tenido como consecuencia que el 91% se vio obligado a reducir al mínimo las actividades del medio, con una reducción del personal que oscila entre el 505 y el 85%.
Migrar, uso de plataformas digitales y las otras formas de resiliencia periodística
Frente a la represión y la falta de recursos, los medios han desarrollado estrategias de resiliencia como la migración a plataformas digitales, diversificación de formatos y mayor colaboración entre medios, trabajo remoto, anonimato de fuentes y reorganización ética y editorial.
El informe concluye que existe una suspensión fáctica del derecho a la libertad de expresión e información; la consolidación de un patrón de persecución política contra periodistas, así como un entorno institucional estatal que se ha convertido en un importante factor de riesgo.