Niños se convierten en los proveedores de sus hogares
El artículo 32 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que «Se prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolescentes, que no hayan cumplido catorce años de edad, salvo cuando se trate de actividades artísticas y culturales y hayan sido autorizados por el órgano competente para la protección de niños, niñas y adolescentes”, sin embargo, son muchos los menores que se dedican al comercio informal u ofrecen algún servicio sexual en La Guaira, en ambos casos, de manera forzada.
Todas las mañanas P (9 años), el niño que identificaremos con esta letra, parte del refugio en donde vive con su madre y sus 4 hermanos menores en Catia la Mar a Maiquetía, pues está obligado en ser el proveedor de su familia. Diariamente, genera entre 20 y 30 bolívares, y aunque es muy ágil para sacar cuentas, esto no lo aprendió en la escuela ¿La razón? Jamás ha asistido a una.
«Vendo caramelos y chupetas desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de tarde. Lo que gano lo utilizo para comprar un kilo de arroz y algunos huevos, de esta manera tanto mi mamá como mis hermanos logran alimentarse. Ella también trabaja, solo que lo que gana no es suficiente».
P aseguró que en reiteradas oportunidades ha sido víctima de abusos policiales, pues los funcionarios le decomisan la mercancía y se lo llevan al comando, para luego ser agredido física y verbalmente. En 2 oportunidades ha estado en una casa abrigo.
«Yo le he dicho a mi mamá que deseo regresar a esa casa. Allí me trataron muy bien, me daban mucha comida, tenía una cama y estudiaba, pero ella se niega a llevarme de nuevo. Me gustaría vivir mejor y tener más dinero para no tener que trabajar todos los días».
J (8 años) es otro niño que se encontraba en las afuera de un establecimiento comercial en Calle Los Baños, en Maiquetía, ofreciendo 3 caramelos por un bolívar. Manifestó que tanto sus padres y sus hermanos mayores también se encontraban vendiendo.
«Vendo hasta 5 paquetes diarios. Mis padres venden cigarros, condimentos, pañuelos y muchas más productos, pero mis hermanos y yo solo chucherías, que por lo general son caramelos y chupetas. Todo lo que hacemos de dinero es para poder comer, ya que si no vendemos no comemos».
J aseveró que si ha asistido a la escuela, aunque de manera irregular, pues aún sus padres no lo han inscrito, por lo que diariamente en las mañanas con voz amable y con frases como «Endúlcese su mañana a punta de caramelos Chaos» o «Lleven sus Chaos si desean tener buen aliento al hablar con sus jefes» atrae la atención de posibles compradores.
«Ganamos más porque somos 2»
M (10 años) y su morocho tienen un año en el comercio informal, pues entre galletas y caramelos logran generar hasta 50 bolívares diarios, «cantidad suficiente» para poder regresar a casa y así poder cubrir los gastos del almuerzo, la cena y, posiblemente, el desayuno del siguiente día.
«Al ser morochos cada uno vende por su lado y al encontrarnos en la tarde sacamos cuenta y vemos que ganamos más porque somos 2 a diferencia de los otros niños. Mi mamá se encuentra fuera del país, por lo que vivo con mis hermanos y mi abuela en 10 de Marzo».
Ambos hermanos no han asistido a la escuela durante estas primeras 4 semanas de clase, pues aún su abuela no formaliza sus inscripciones, así como tampoco la de su hermano mayor, que tiene 13 años.
Otros se dedican a cantar en el trasporte público, a pescar a orillas de algunos malecones o muelles, cargando mercancía en establecimientos comerciales. Estos no quisieron hablar con el equipo reporteril del diario La Verdad de Vargas.
Marco normativo nacional e internacional
No existe a nivel mundial una definición única sobre lo que es la explotación infantil y, por tanto, tampoco una metodología uniforme para su medición, lo que sí existe es un mayor y creciente consenso en el marco normativo que buscan proteger los derechos de los niños y sentenciar a quienes violen los mismos.
Carlos Cavadia es abogado y desde hace un año es el presidente del Servicio de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Vargas. Explicó que la diferencia entre trabajo infantil y explotación infantil radica en el aspecto netamente económico.
«Los niños pueden trabajar en situaciones excepcionales, siempre y cuando se solicite una medida emitida por el Consejo de Protección. Ahora bien, cuando esto no se hace, hablamos de explotación infantil, la cual priva a los niños de la educación escolar y los coloca en situaciones vulnerables, pues acá lo importante es el sustento que estos pueden llevar a sus hogares».
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el concepto de trabajo y explotación infantil está estrechamente ligado a lo establecido en los Convenios 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (1973), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y el Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999), todos ratificados por Venezuela.
El Convenio 138 establece en su artículo 2, que la edad mínima para el trabajo no debe ser inferior a la edad de culminación de la educación obligatoria, y en ningún caso, inferior a los 15 años y de 14 años en los países en vías de desarrollo, en donde las economías y las facilidades educativas están insuficientemente desarrolladas.
En Venezuela, el marco normativo contra la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes, así como el correspondiente para garantizar el derecho a la educación, está dado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
La Lopnna establece una serie de principios o artículos (94-116) en el Capítulo III (Derecho a la Protección en Materia de Trabajo) entre los cuales se menciona la armonía entre el trabajo y la educación, la capacidad laboral, la jornada de trabajo, entre otros.
El artículo 94 enfatiza que «Todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras tienen derecho a estar protegidos o protegidas por el Estado, las familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda entorpecer su educación, sea peligroso o nocivo para su salud o para su desarrollo integral».
Opacidad en las estadísticas
En Venezuela, las últimas cifras oficiales datan del año 2007. Según el estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), había 81 mil niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 15 años de edad incorporados al trabajo.
El año pasado, el portavoz de la Central de Trabajadores Únete, José Antonio García, aseguró que entre 24 mil y 32 mil niños se incorporaron a cualquier forma de trabajo en 2019 y 2020. No obstante, organizaciones no gubernamentales denuncian que la cifra ha aumentado.
La deserción escolar, que se ha agravado desde el inicio de la pandemia, es un factor de riesgo a tomar en cuenta. A medida que aumenta el abandono de las escuelas, varios menores comienzan a volverse más vulnerables y algunos terminan explotados para generar ingresos.
Los resultados del Diagnostico Educativo de Venezuela (DEV), realizado en septiembre del año pasado por DEVTech Systems y el Centro de Innovación Educativa (Cied) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), indicaron que 1,21 millones de niños abandonaron las aulas en Venezuela entre 2019 y 2021.
Asimismo, arrojaron que en 2021 la población de primaria y bachillerato registrada era de 6,5 millones de jóvenes. Ese mismo año, el Ministerio de Educación afirmó haber contabilizado una matrícula de educación básica de 8,7 millones de estudiantes.
Cavadia señaló que durante este año un solo caso de explotación infantil se ha denunciado ante el Sistema de Protección, pero reconoce que es una problemática que ha aumentado significativamente, pero que no es denunciada. Asimismo, puntualizó que la mayoría de los casos siempre son niños que se encuentran bajo el cuidado de algún abuelo, pues sus padres emigraron.
«Cada vez vemos más en las paradas de transporte público como niños en horario escolar están vendiendo, cantando o prestando apoyo a ciertos establecimientos comerciales. Estamos trabajando en hacer un diagnóstico en las zonas vulnerables del estado, esto con el fin de detectar a estos casos y poder actuar para brindar el apoyo necesario. Todo esto bajo instrucciones del Alcalde».
Detalló que entre las zonas de mayor visibilización se encuentran Maiquetía y La Guaira, por albergar un grupo considerable de comercios, mientras que el Paseo de Macuto es un foco de explotación sexual, donde muchas niñas, incluso de otros estados como Carabobo o de la región capital reciben dinero o pescado a cambio de sexo.
«Quienes deseen denunciar una situación de explotación infantil lo pueden hacer comunicándose al teléfono celular 0212-3515179 o dirigiéndose al piso uno del edificio Rafael Martínez Salas, en Catia la Mar. Luego el consejero de protección hará la respectiva constatación y según la gravedad dictarán la medida de protección».
Un trauma hecho fenómeno social
Para el psicólogo infantil Javier Ortega, el trabajo es una función que viene a presentarse luego de haberse alcanzado algunos aspectos del desarrollo, por lo que los niños no han madurado ciertos aspectos neuropsicológicos y con ello se crea un trauma.
«Estamos hablando de niños que están perdiendo oportunidades y más adelante serán ausencias que van a repercutir en la personalidad. Por ejemplo, el desafecto, ya que estos están expuestos a la vulnerabilidad social, cuando lo más lógico es que se sientan queridos, protegidos, y demás».
Explicó que hay una probabilidad de que estos niños manifiesten a largo plazo una compulsión a la repetición, pues se entiende como parte del trauma del cual una persona sufre por estar expuesto a situación a las cuales no está capacitado. Además, de la manera en la que están construyendo un autoconcepto, reponiéndose a sí mismo interrogantes como ¿Qué soy? ¿Para qué sirvo?, entre otras.
«Los recursos personales de un niño que es explotado laboralmente no son suficientes, entonces el trauma debe ser elaborado, por lo que quizás esto llevará a que cuando sea adulto sea un ser explotado en su lugar de trabajo o explotador de otros. Además, puede que esta persona tenga una mala relación con su economía y busque siempre empleos en el que su esfuerzo físico no se reconozca».
Por su parte, la socióloga Adriana Quintero, con investigaciones desarrolladas en el área, considera que la explotación infantil es un fenómeno social complejo, en el cual inciden múltiples factores de carácter cultural, económico y social.
«La pobreza es concebida tanto como causa, pero también como efecto de este fenómeno social. Las crisis económicas y/o las medidas de ajustes que se adopten para enfrentarla pueden llevar a cambios en la demanda u oferta de la mano de obra infantil, que es lo que ocurre en Venezuela».
Detalló que la explotación infantil y con ello la inasistencia escolar son manifestaciones evidentes de exclusión social, en la medida en que reflejan la incapacidad por parte de una proporción significativa de los niños de ejercer importantes derechos de ciudadanía.
«Una vez alcanzada la etapa adulta, aquellos niños que se incorporan de manera prematura a la fuerza laboral o que no asisten a la escuela, al no contar con una formación básica, también serán los candidatos más seguros a ser excluidos de la sociedad, por lo que continuará el trauma».
¿Son las campañas una solución?
Maria Elena Marcano es la directora de la casa abrigo Un Hogar Al Fin, en Caraballeda, y tiene 40 años dedicada al cuidado y protección de niños en situaciones de vulnerabilidad, entre ellos de explotación infantil, por lo que considera necesario hacer campañas que busquen erradicar el problema.
«Es necesario unificar todos los esfuerzos posibles y que sean los entes de seguridad los que nos puedan auxiliar con el problema, ya que son ellos los primeros en recibir una denuncia o de conocer posibles casos».
Sin embargo, se debe promover un amplio diálogo sobre las políticas públicas que se han de definir con el propósito de lograr el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y acabar con la explotación infantil tanto en La Guaira como en Venezuela, pues sin estos nos alejamos de construir sociedades más justas, equitativas y democráticas./jd
