LPP frena la creaciónde empleos y alejalos aumentos salariales
Laura De Stefano
Truncadas se verán las aspiraciones de las grandes empresas de aumentar los sueldos y salarios a sus empleados de confianza, porque con la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social el nuevo impuesto de 9% recaerá sobre la nómina.
El presidente de Caduainco, Rusvel Gutiérrez, explicó que también afectará los bonos de los trabajadores. “Esto representa un pago adicional y si tenían la intención de ingresar nuevos empleados, simplemente no lo harán porque eso repercutirá en el pago mensual del salario”.
Manifestó que este instrumento es además discriminatorio, pues personas naturales no están obligadas a contribuir con el 9%, tengan o no ganancias comerciales, vulnerando lo establecido en el artículo 21 de la Constitución que establece que todos son iguales ante la ley.
“Pero, las organizaciones, las cámaras, los gremios y fundaciones son jurídicos, mas no están obligadas al pago porque no hacen actividad comercial. Aunque tienen actividades económicas, no hay repartición de esas ganancias para ser miembro activo de una organización”.
Gutiérrez señaló que si el Gobierno quiere hacer algo por los obreros y empleados del país debe cumplir con el artículo 91 de la Carta Magna y equiparar los salarios con la canasta básica, que según Cendas, es superior a los 1.500 dólares.
“Si es así, cómo es que el Gobierno pretende aplicarle a los privados un impuesto, porque no es una contribución como el Seguro Social obligatorio. Ese dinero no irá al IVSS, sino a la Tesorería Nacional”.
Otra ilegalidad, indicó el presidente de Caduainco, es que la Ley de Protección de Pensiones no puede estar por encima de Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. “El pago del 9% sobre el sueldo y los bonos, para nosotros, es ilegal porque está violentando la Lottt y la Losss”.
Además, es un impuesto confiscatorio porque si el comerciante no declara este mes, será sancionado con una multa mil veces por encima de la tasa oficial del BCV, es decir 36 mil bolívares.
“Con dos o tres multas más les cierran el negocio porque no tiene capacidad de pagar, violando los artículos 3-17 de la Constitución. En Vargas, un 30% de los comercios no tienen al año dinero para pagar una multa porque el 78% de lo que se gana como comerciante va para impuestos y contribuciones al Estado”.
Desde este mes de junio las personas jurídicas del sector privado que realicen actividades económicas deberán declarar y pagar la contribución especial del 9% de la nómina integral de cada empresa u organización contribuyente, conforme a la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social./jd