La ONU pide al Gobierno elecciones transparentes
Pese al tenso momento de relaciones entre la ONU y el gobierno venezolano, que habían pactado la presencia de esa oficina local en 2019, Al-Nashif Aseguró que ha habido «cambios positivos» en el país, aunque «queda mucho por hacer”.
Destacó que en 2023 no se registró, como había sido el caso antes, el innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes, aunque sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras represalias, a algunos participantes en esas protestas.
También denunció que defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas por parte de las autoridades venezolanas, y citó los casos de los perseguidos activistas Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes, y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
La número dos de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también manifestó la preocupación por las detenciones, intimidaciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición.
En ese sentido, Al-Nashif subrayó como un paso adelante la firma en octubre de 2023 de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática, pero hizo un llamamiento a que se apliquen plenamente de buena fe.
En virtud de esos acuerdos, recordó, se liberó a 34 personas, pero la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales.
Al-Nashif agregó que desde enero de 2023 la oficina de la ONU ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas.
“Permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas”, agregó la responsable de Naciones Unidas, quien también lamentó que las autoridades venezolanas ocultaran estas detenciones y posteriormente presentaran cargos contra los arrestados por presunta conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición o lavado de dinero.
La alta comisionada adjunta también indicó que la oficina ha recibido denuncias de malos tratos a detenidos por agentes de seguridad.
“Es especialmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana”, afirmó.
Al-Nashif también subrayó que las sanciones internacionales contra Venezuela exacerban los problemas preexistentes del país y han tenido un impacto negativo desproporcionado en la población, por lo que reiteró el llamamiento de la oficina de la ONU a que sean anuladas.
En respuesta a esta presentación, la delegación de Venezuela ante el Consejo dijo que este informe ha sido patrocinado por países acostumbrados a intervenir en los asuntos internos de los países, en lugar de optar por «un diálogo genuino y la cooperación».
Sobre el eventual retorno del personal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, dijo que se han mantenido conversaciones con esta instancia para vislumbrar en el tiempo y en el momento que sea oportuno un nuevo proceso de cooperación técnica (…), sin injerencias ni parcialización política.