El Aissami solicita orden de captura contra Rafael Ramírez
Tareck El Aissami acusó este martes a quien fuera ministro de Petróleo desde 2002 hasta 2013, Rafael Ramírez, de presuntamente haberse robado 4.850 millones de dólares, durante el a través de una línea de crédito fraudulenta con la que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hizo 28 pagos a dos fondos en el exterior sin haber recibido nunca préstamo alguno.
El Aissami afirmó que Ramírez firmó un contrato de financiamiento con la Administradora Atlantic en el primer trimestre de 2012, cuando lideraba la cartera energética y Pdvsa, bajo el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).
En una rueda de prensa, El Aissami detalló que el Ministro aprobó un préstamo por 17.490 millones de bolívares y Pdvsa comenzó a pagar en marzo de 2012 las cuotas con desembolsos a dos fondos en Panamá, San Vicente y Las Granadinas.
“No existe registro alguno de entrada de ese dinero a las cuentas de Pdvsa”, dijo y acusó a los venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi de haber recibido los pagos en cuentas en el extranjero.
Denunció que transfirieron parte de ese capital a un familiar del opositor Leopoldo López, quien se radicó en Madrid luego de escapar de Venezuela.
Orden de captura internacional
El Aissami hizo las declaraciones después de sostener una reunión privada con el fiscal general, Tarek William Saab, a quien habría entregado pruebas y “copias certificadas” de esta trama.
En este sentido, el ministro pidió a la Fiscalía una investigación exhaustiva y que tramite una orden de captura internacional contra Ramírez, a quien acusó de ser el “principal autor intelectual y material de esta operación, de este megarrobo a la industria petrolera venezolana”.
Como se recordará después de dejar el cargo de Ministro en 2013, Ramírez fue designado por el presidente Nicolás Maduro, embajador de Venezuela ante la ONU, desde enero 2015 a diciembre 2017.
En julio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a Italia su extradición para someterlo a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir”.
