Ecuador iniciará repatriación de presos extranjeros
Con la suscripción del Decreto 139, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, materializó su promesa de iniciar un proceso que permita repatriar a los presos extranjeros que cumplen sentencias en Ecuador.
Según el Código Penal de Ecuador, las condenas contra personas extranjeras resueltas por autoridades ecuatorianas “podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad del sentenciado”.
Para lograr la repatriación de 3.200 prisioneros, de los cuales casi 1.500 son de nacionalidad colombiana, Noboa dio instrucciones al servicio de cárceles y a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Derechos Humanos y de Gobierno.
El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), que rige las cárceles, deberá cumplir con los procedimientos administrativos que permitan repatriar a los presos extranjeros para que cumplan la sentencia en el país de origen. Luego, las carteras de Estado mencionadas se encargarán de las acciones dispuestas bajo los tratados bilaterales y multilaterales respecto a la repatriación o traslado de presos a sus países con fin humanitario.
“Esa gente no va a poder volver a entrar (…) No vamos a permitir que vaya a Colombia y regrese a cometer los mismos crímenes en Ecuador. Estamos moviendo de 100 en 100 hasta acabar con todos”, dijo Noboa en una entrevista con Ecuavisa. Según el primer mandatario, la repatriación permitirá reducir el hacinamiento en las cárceles y disponer de los recursos económicos estatales que se enfocaban en esas personas.
En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que los problemas del sistema carcelario del Ecuador son de “carácter estructural que se viene acuñando desde hace por lo menos dos décadas”.
Las principales razones de la crisis, de acuerdo al informe, son el debilitamiento de la institucionalidad, la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su impacto en el ámbito penitenciario, que se realizó en el 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno. También entre las causas están la corrupción, la falta de un registro adecuado de las personas privadas de libertad, la disminución presupuestaria, la falta de personal de custodia, la ausencia de una política penitenciaria, la política de encarcelamiento y no de prevención del delito, el hacinamiento, la creación de mega cárceles, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, entre otros.