Cayó “El Costeño”, presunto responsable en el atentado contra Uribe Turbay
Las autoridades colombianas capturaron el sábado a Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol por su presunta responsabilidad en el atentado contra el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Arteaga Hernández fue detenido en la localidad bogotana de Engativá durante una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía de Colombia, luego de 28 días de seguimiento.
El Ministerio de Defensa colombiano informó que el sujeto planeó y dirigió cada detalle del atentado: desde la entrega del arma al menor que presuntamente ejecutó el ataque, hasta la organización de rutas de fuga y la coordinación de reuniones previas. Asimismo, señalaron que habría intentado asesinar a uno de sus cómplices para silenciarlo.
La estructura criminal a la que pertenece operaba bajo un modelo de outsourcing delictivo, según el ministerio, y estaba integrada por: alias el Hermano (capturado el 19 de junio), alias el Veneco (capturado el 11 de junio) y alias Gabriela (capturada el 14 de junio). Por el ataque, Arteaga Hernández habría recibido hasta 1.000 millones de pesos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, detalló que en la operación participaron 180 investigadores de la Policía y que se contó con apoyo en capacidades de inteligencia por parte de Estados Unidos, Reino Unido e incluso Emiratos Árabes Unidos.
“No vamos a parar (…) Estamos detrás de quienes estuvieron pensando en asesinar a nuestro senador”, declaró en un video publicado en X.
Según el ministro, alias “El Costeño” cuenta con más de 20 años de historial delictivo, con antecedentes por homicidios, tráfico de armas, narcotráfico y hurtos. Fue integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado La Zaga, con injerencia en Engativá.
Actualmente enfrenta cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, utilización de menores para cometer delitos y porte ilegal de armas.
Finalmente, recordó que las autoridades mantienen activa una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores intelectuales del atentado.