Bachelet denunció detenciones arbitrarias
con torturas y desapariciones en Venezuela
* Condenó las 1.324 muertes en “operaciones de seguridad”
La Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves un nuevo informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en el que documentó 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020 a manos de las FAES y otros cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
“Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó la chilena.
Destacó que la población venezolana continúa sufriendo “graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos, precario acceso al sistema de salud”.
Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, el reporte contabilizó 1.324 muertes entre enero y mayo de 2020 en el marco de “operaciones de seguridad”. Detalló que las FAES fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cicpc de 366 y la Guardia Nacional Bolivariana de 136.
Ataques a la libertad
También, criticó las recientes decisiones del TSJ, que intervino a dos partidos opositores (Acción Democrática y Primero Justicia) y nombró a un nuevo Consejo Nacional Electoral, reseñó Infobae. Según expuso, estas medidas “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.
La ex presidente chilena indicó que se ha continuado registrando “restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y derecho a la información, detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud, personas que protestaban por los servicios públicos”, así como los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.
Recomendaciones a Maduro
Entre las 16 recomendaciones del informe destinadas al gobierno madurista, insta a restablecer funciones a la Asamblea Nacional, cesar las detenciones en régimen de incomunicación, especialmente por parte de los servicios de inteligencia y otorgar la libertad incondicional de todos los detenidos ilegal o arbitrariamente.
Además, pidió investigar y sancionar a los responsables de torturas y proteger y abstenerse de desacreditar a defensores de derechos humanos y periodistas.