Investigarán a Pedro Castillo por organización criminal
El presidente de Perú, Pedro Castillo, será investigado por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Informó la Fiscalía este domingo.
Castillo será investigado por el caso Puente Tarata III, el cual involucra al exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y otros congresistas.
“El fiscal de la nación, Pablo Sánchez, interpreta que la constitución dice que el presidente no puede ser acusado, pero eso en el ámbito penal es una parte avanzada del procesado”.
El mandatario tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política. Por lo pronto, ya fue notificado de la presente disposición.
Audios que delatan
El fiscal de la nación abrió la investigación a Castillo tras la difusión en el canal de televisión Willax de un audio donde el empresario Zamir Villaverde, que está en prisión desde hace menos de un mes, habla con Pacheco sobre dirigir las licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el fin de recibir prebendas de las empresas que sean beneficiadas.
En uno de los audios, Villaverde dice: “Bruno, dime, ¿y por qué no te vas a un Ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda o Agricultura”.
Pacheco, que es prófugo de la justicia, le responde: “Si ustedes me dicen, yo me voy, pero me tienen que decir qué voy a ganar ahí. Porque si voy por las huevas… Yo creo, según lo que me he enterado, de que les quieren hacer el complot y todo el tema. Sí, pero en tres meses es suficiente para irte con plata”.
En otro de los audios, Villaverde y Pacheco hablan del exministro del Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, que habría recibido 300.000 dólares en una maleta por una licitación. Presuntamente, Castillo conocía de la operación ilícita. Tanto Villaverde y Pacheco son investigados por la Fiscalía por lavado de activos, corrupción de funcionarios y colusión agravada.