Espacio Público denuncia la detención de 8 personas por expresarse

Al menos ocho personas fueron detenidas en abril «por expresarse», cuatro de ellas trabajadores de la prensa que fueron detenidos mientras realizaban coberturas informativas, denunció este jueves la ONG Espacio Público.

«Entre las agresiones más frecuentes resaltaron: la censura, intimidación y amenazas»», advierte la ONG

La asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios, publicó un comunicado en el que detalla que, en total, documentó 36 violaciones a la libertad de expresión en abril.

Los periodistas fueron víctimas del 32 %, de los casos, los medios de comunicación del 23 % y la ciudadanía en general del 14 %. “Los responsables de la mayoría de los casos fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios”, explica Espacio Público.

Entre los casos documentados, recuerda que, el 5 de abril, funcionarios de la Brigada Hospitalaria de la Policía de Aragua detuvieron al periodista José Rafael Ramírez y a la estudiante Carmen Ramírez, cuando fotografiaban la fachada del Hospital Central de Maracay.

La comandante de ese puesto, la comisionada Eneida Mejía, insultó a Ramírez, le decomisó el carnet de prensa e intentó quitarles los teléfonos y borrar el material que habían hecho, pero ellos se negaron a entregarlos, detalla el reporte de la ONG.

Por otra parte, en Zulia, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron, desnudaron y le borraron el material informativo a los periodistas Lenin Danieri y Edwin Prieto cuando cubrían una protesta de indígenas Yukpa el 27 de abril.

Otro de los casos documentados por Espacio Público sucedió el 26 de abril, cuando funcionarios de la Policía de Apure detuvieron al activista político Francis Bolívar tras difundir un video en redes sociales en el que denunciaba fallas en el suministro de gasolina.

Finalmente, recuerdan que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a El Nacional pagar 13,3 millones de dólares como indemnización por «daño moral» al número dos del oficialismo, Diosdado Cabello.

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