Embargan canal de TV en Nicaragua
El Canal 12 de la televisión privada de Nicaragua, crítico del Gobierno socialista de Daniel Ortega, denunció que la justicia embargó los bienes de la empresa y propiedades de su administrador, al amparo de un reparo fiscal «arbitrario» de más de 600.000 dólares.
Según un comunicado del canal, el viernes «11 de septiembre se presentó a nuestra oficina y estudios centrales el juez Tercero de Ejecución del municipio de Managua Luden Quirós a realizar un embargo sobre los bienes de nuestra empresa Nicavision S.A. por 21 millones de córdobas (608.000 dólares)».
El embargo fue solicitado «por la «Dirección General de Ingresos (DGI) representada por la procuradora auxiliar de finanzas, producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013», indicó la televisora.
Quirós también ordenó el embargo de «la totalidad de los bienes personales» del administrador del canal, Mariano Valle, «actuando de manera excesiva e ilegal», reclamó la empresa, que continuaba este sábado con su transmisión normal, reseñó DW.
El canal 12 es propiedad de Nicavisión S.A, que opera desde 1993. Ha sido uno de los medios independientes que criticó y documentó la represión de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos y cientos de encarcelados, según grupos humanitarios.
Prensa amordazada
En medio de la represión, ese año fueron confiscados el privado Canal 100 por ciento Noticias, las oficinas del programa televisivo de entrevistas Esta Semana, Esta Noche y la revista Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y encarcelados dos periodistas.
En 2019 fue cerrado el rotativo independiente Nuevo Diario, mientras que varios medios radiales sin orientación partidaria del interior del país como Radio Darío y la Costeñísima son objeto de asedios policiales.
«Están utilizando el sistema judicial para amenazar a medios y periodistas», condenó el disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) en un comunicado en el cual atribuyó el embargo de Canal 12 a una represalia del gobierno.
La disidencia sandinista considera que esto es parte de «una ofensiva» del gobierno contra sectores críticos, entre ellos la Iglesia católica y empresarios que «también sufren el cerco, asedio y asalto tributario».
En tanto, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó el embargo a Canal 12 y acusó a la administración de Ortega de hacer uso «de las políticas fiscales para reprimir y silenciar las voces independientes».