10 años de cárcel para quien agreda a una mujer

“Las mujeres no están solas, tienen el apoyo y la protección de la Fiscalía”, afirmó la fiscal superior Chanely Casares

Rodolfo Ruíz

Diariamente se reciben entre 6 y 9 denuncias de violencia contra la mujer, siendo los días lunes los más críticos, con hasta 20 casos reportados, informan la fiscal superior del estado, doctora Chanely Casares, y la fiscal provisoria de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, Milagros Ortega.

Durante los fines de semana, organismos de seguridad como el Cicpc, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y las Unidades de Atención a la Víctima del Ministerio Público, reciben denuncias que luego son canalizadas a través de la Fiscalía Superior.

“Estamos trabajando arduamente para garantizar justicia en cada uno de los casos. Las víctimas no están solas”, afirmó Ortega.

Las funcionarias recordaron que las mujeres víctimas de violencia pueden acudir a cualquier organismo de seguridad regional o a las Unidades de Atención a la Víctima en La Atlántida y también en Caraballeda, cerca del Centro Comercial Jonicar .

La sede del este de La Guaira está habilitada exclusivamente para recibir denuncias, sin facultades de investigación. Una vez recibida la denuncia, esta es enviada a la Fiscalía Superior .

“Es vital que toda mujer sepa que puede denunciar, que hay canales activos para protegerla, y que no será revictimizada en el proceso”, puntualizó Casares.

Ambas fiscales hicieron un llamado a la conciencia ciudadana para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y reiteraron que el Ministerio Público continúa comprometido con la atención integral a las víctimas y la aplicación estricta de la ley.

Penas de 10 años de prisión

Casares explicó que ciertos casos de violencia física contra la mujer pueden ser agravados y recalificados como delitos de lesiones graves o gravísimos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Esta norma me permite entrelazar el delito de violencia física con el tipo penal de lesiones gravísimas contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal”, indicó la fiscal. En esos casos, el agresor puede enfrentar una privativa de libertad de entre 5 y 10 años.

La recalificación aplica en situaciones donde las lesiones afectan zonas delicadas como el rostro, dejando a la víctima con desfiguraciones permanentes, o cuando las agresiones ocasionan fracturas e inmovilización por más de 90 días en alguna parte del cuerpo, como manos o pies. “Un ejemplo sería cuando a una mujer le fracturan el pie al cerrarle la puerta de un carro, o cuando queda con secuelas funcionales severas”, explicó.

Es delito la simulación de hecho punible

Ortega advirtió sobre la simulación de hecho punible por parte de algunas mujeres que presentan denuncias falsas ante los cuerpos policiales o el Ministerio Público. Esta práctica constituye un delito, ya que activa sin justificación los mecanismos judiciales del Estado.

La fiscal detalló que, al recibir una denuncia, el deber del Ministerio Público es investigar, ordenar experticias médicas y psicológicas, y remitir las diligencias a los órganos competentes. “No es la víctima quien decide el curso de la investigación. Aun cuando retire la denuncia o no quiera continuar, nosotros debemos seguir con el proceso hasta agotar los elementos necesarios”.

Ortega también aclaró que la Fiscalía Cuarta no solo atiende casos de violencia física, sino una amplia gama de delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre ellos violencia psicológica, violencia sexual (con y sin penetración), violencia obstétrica, acoso u hostigamiento, trata y tráfico de mujeres y niñas, violencia institucional, violencia informática

En este último caso, se refirió a las situaciones donde una pareja expone fotografías íntimas de una mujer en redes sociales tras una ruptura. “Eso está tipificado como violencia informática y es penado, el delito existe y debe ser denunciado”, recalcó.

Los funcionarios deben actuar de inmediato

Sobre la violencia institucional, explicó que funcionarios públicos y policiales también pueden ser sancionados si omiten su deber frente a una víctima. “Si una mujer llega golpeada o abusada y un funcionario no practica las diligencias necesarias en las primeras 12 horas, está incurriendo en un delito que también es penado por la ley”, señaló.

Finalmente, la fiscal recordó que en casos de violencia sexual o privación ilegítima de libertad, los lapsos de flagrancia pueden extenderse. “Si una víctima estuvo encerrada o fue agredida durante varios días y logra escapar, el conteo de las 24 horas de flagrancia no comienza desde el primer día del delito, sino desde que ella pudo denunciarlo”, explicó.

Ortega reiteró el llamado a la conciencia ciudadana para usar de manera responsable los canales de justicia, denunciar oportunamente y evitar caer en falsas acusaciones. “La ley está hecha para proteger a las verdaderas víctimas, pero también para castigar a quienes abusan del sistema”, concluyó./jd