Varguenses denuncian que las clínicas ponen trabas para brindar la atención

Doriana León, [email protected] Pese a que la salud es un derecho fundamental de los venezolanos consagrado en la Constitución, la crisis que enfrenta el sector obliga a los enfermos a migrar de los hospitales a las clínicas, donde deben enfrentar otro drama para acceder a la atención médica.

La Encuesta Condiciones de Vida 2015, estudio realizado por las universidades Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, señala que el 46% de los venezolanos cuenta con una póliza de seguros. Esta población “privilegiada” en tiempos de escasez de insumos es la que opta por la salud privada en las ocho clínicas que funcionan en Vargas.

Luisa Yánez, revela que muchos centros de salud privados distan de lo que es brindar atención con mística y compromiso.

“Yo tuve un percance en la clínica Marcano. A mi hermana la iban a operar de una hernia inguinal atascada y hasta que no le dieron la clave del seguro, no la ingresaron a pabellón”.

Señala que el diagnostico de los propios médicos que la atendieron era intervención quirúrgica inmediata, sin embargo, la ingresaron a quirófano 45 minutos después de la primera atención.

“Nos decían que esperáramos pues el requisito de la clave es indispensable, mientras tanto, mi hermana se estaba muriendo del dolor. Afortunadamente salió bien de la operación, pero hay personas que no pueden esperar tanto tiempo para ser atendidas”.

En la clínica Camuribe, los usuarios reportan la misma situación. Fabiola Ramírez acudió el fin de semana con una dolencia gastrointestinal, al llegar informó que contaba con la póliza de seguros Constitución y en admisión le indicaron que a menos que pagara de contado no podía ser atendida, pues esa aseguradora aparece como “morosa” en la administración.

“Allí comenzó mi peregrinaje. Fui al ambulatorio Carlos Soublette de Caraballeda pero no tenían calmantes y seguía igual hasta que llegué al CDI de Camurí Chico, donde los cubanos me atendieron de emergencia y me aplicaron tratamiento”.

Muchos varguenses denuncian que en la mayoría de las clínicas restringen el acceso a los trabajadores de la Gobernación que dependen del seguro Sisvar, “porque supuestamente las autoridades regionales aún no han pagado la deuda que tienen con las clínicas”.

En los protocolos de atención médica está establecido como norma que a ningún paciente se le debe solicitar la clave de la póliza de seguros para ser atendido.

En las clínicas aseguran todo lo contrario que en casos en los cuales esté en peligro la vida del paciente como infartos, apendicitis, partos de emergencia o accidentes graves, se atiende de inmediato.

“Si no hay en el hospital, me voy a la clínica”

Actualmente, los hospitales y clínicas atraviesan una severa afectación en cuanto al abastecimiento de material médico quirúrgico, reactivos, anestésicos, antibióticos y fármacos para tratamiento especiales.

En los hospitales del estado, se ha hecho sentir el déficit. En muchas áreas de atención, los pacientes deben llevar sus propias gasas y alcohol para garantizar limpiezas y curas, mientras que en otros servicios, hasta las mascarillas para nebulizar deben conseguir los asmáticos.

Ante esta perspectiva, los varguenses han migrado a las clínicas, sin embargo, éstas se están quedando sin insumos debido a que los proveedores no cuentan con existencias.

“Yo fui al Periférico de Pariata y como no tenían insumos para nebulizar me traje a mi bebé a la Glamar”, dijo Daniela Rojas, madre de un paciente de tres años diagnosticado con infección respiratoria.

“La salud debe ser gratuita”

La Constitución Nacional Vigente establece en su artículo 83 que “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”.

El procurador del estado Pedro Rodríguez, ha declarado en reiteradas oportunidades al Diario La Verdad que “todas las clínicas que no atiendan a los pacientes serán sancionados con ocupaciones temporales o definitivas. Todos los centros de salud deben atender a sus pacientes sin discriminación y sin importar si la persona tiene seguro o dinero para pagar. La atención médica oportuna es un derecho constitucional que no se le puede coartar a ningún ciudadano, bajo ninguna circunstancia”.