Transportistas piden ajuste anclado al dólar
El gremio de transportistas hicieron un llamado urgente a las autoridades, al exigir el ajuste inmediato en la tarifa mínima del servicio urbano y suburbano con la condición innegociable de que el nuevo monto quede anclado al dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Así lo expresaron en una declaración conjunta el Comando Integral del Transporte, la Federación Nacional de Transporte y el Sector Transporte de Caracas, en una rueda de prensa que se llevó a cabo este martes 9 de diciembre en la sede de Fedetransporte en Caracas.
Los transportistas argumentaron que la medida es crucial para frenar el colapso operativo y financiero del sector, ya que la experiencia que han dejado las últimas gacetas publicadas, es que las tarifas fijadas en bolívares perdieron vigencia y poder adquisitivo en tan solo un par de semanas, debido a la acelerada devaluación de la moneda nacional.
El sector insiste en que, dado que la mayoría de los costos operativos (repuestos, lubricantes y mantenimiento) se cotizan en divisas, solo un anclaje a una “moneda dura será capaz de garantizar la sostenibilidad del servicio”.
Por tanto consideran que una tarifa estable, referenciada a un monto entre $0.50 y $0.70 será la única solución viable a mediano plazo para mantener las unidades rodando y en buen estado.
Adicionalmente, exigen la devolución inmediata de las unidades de transporte que han sido retenidas de forma que consideran injustificada e ilícita. Los transportistas alegan que las sanciones administrativas ya han vencido y no existe sustento legal válido para prolongar su confiscación.
Esta situación no solo genera un grave perjuicio económico a sus legítimos propietarios, sino que también afecta socialmente al conglomerado de personas que dependen de estas unidades para su sustento, exacerbando la crisis del transporte público.
Finalmente, proponen la implementación de un subsidio directo o bono de transporte para los ciudadanos. “Este mecanismo buscaría aliviar la carga económica del pasaje sobre la población, garantizando su movilidad esencial, mientras compensa a los transportistas por la tarifa social que deben aplicar, evitando así que los usuarios finales asuman el costo total que implicaría el anclaje al dólar”.