ONG piden al fiscal Karim Khan que no se vaya sin escuchar a las víctimas
Este miércoles finaliza la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela, por lo que diversos ONG piden que las víctimas de crímenes de lesa humanidad sean escuchadas antes de abandonar el país.
Desde el pasado lunes cuando llegó Khan al país, familiares de presos políticos y ONG`s, realizan protestas pacíficas, pidiéndole atender denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta tarde, un grupo de personas se mantienen a las afueras del Helicoide exigiendo una audiencia con el representante de la CPI.
Fernando Fernández, miembro de Amnistía Internacional y uno de los abogados más reputados en derechos humanos de Venezuela, afirmó que “la visita del fiscal Khan tiene un carácter híbrido: está prevista como parte del procedimiento, está permitida la cooperación y, también, la inspección”.
“Una inspección que se produce en el marco de una operación de mejora de cárceles y de desaparición de presos políticos enviados a cárceles comunes”, denunció el abogado y activista Rafael Narváez, para quien el Estado venezolano intenta con brocha y pintura borrar el horror de las torturas y los asesinatos, algo que debe percibir el nuevo fiscal de la CPI.
Asimismo, tras cumplirse cuatro meses de la privativa de libertad del director de Fundaredes, Javier Tarazona, la ONG exigió este martes su liberación. El directivo es acusado de delitos vinculados al terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. A través de Twitter la ONG le envió un mensaje al fiscal Karim Khan.
“Hoy, durante su visita a Venezuela solicitamos respetuosamente a Karim Khan que, en su calidad de garante de los derechos humanos interceda por la libertad de Javier Tarazona y el resto de presos políticos”, expresó la ONG.
Es importante recordar que, la visita del fiscal es parte de un viaje de 10 días a América Latina con una agenda centrada en Colombia y Venezuela, que se mantiene a la expectativa de la decisión final sobre las denuncias por crímenes de lesa humanidad, que el gobierno niega.