Nuevo Estado de Excepción faculta restricción de garantías

1-Maduro facultado para restringir garantías constitucionales

–Aprobó nuevo decreto de Estado de Excepción por 60 días  

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo decreto de Estado de Excepción y emergencia económica que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para preservar el orden interno, según ha publicado este martes la Gaceta Oficial.

El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte “las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios”.

La norma señala, además, que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que establece la Constitución que son “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

El Gobierno venezolano podrá “diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados”.

El presidente se ha facultado también para decidir “la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político” contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

No obstante, todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de “excepción y emergencia económica”.

Mediante este nuevo texto legal, el Ejecutivo ha argumentado como una de las razones para la implementación de estas medidas que “sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (…) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana”.

Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en “desacato” ante el Tribunal Supremo de Justicia.

En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.

Oficializar la represión

La abogada y exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León considera que con el presente texto, el Gobierno busca “oficializar la represión”

“Es la consolidación de la dictadura. Yo pienso que de cierta manera se saltarán lo establecido en el artículo 337 de la Constitución con ese artículo 5 del decreto N°2.849 de la Gaceta, porque ellos siempre recurren a lo que denominan como traición a la patria…”

El doctor en Derecho, experto en Derechos Humanos y profesor de las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, Jesús Ollarves, coincidió con Mármol de León al indicar que con la nueva extensión de este Estado de Excepción, el Gobierno lo que busca es “legitimar la feroz represión”.

2-A 44 se elevó cifra de fallecidos en las protestas

Un joven de 17 años murió tras resultar herido en una manifestación en el poblado Ciudad Bolivia de Barinas y otro de 32 años en San Antonio de los Altos, informó el Ministerio Público, con lo que se elevan a 44 los fallecimientos registrados a causa de las protestas.

El adolescente Yeison Mora fue llevado al hospital Doctor Luis Razetti, donde ingresó después de ser herido de bala, detalló la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, el joven se encontraba en los alrededores de Ciudad Bolivia, “lugar en el que se desarrollaba una manifestación, cuando repentinamente llegó un grupo de personas que efectuó varios disparos, hiriendo al joven en la región craneoencefálica”.

En San Antonio de los Altos murió Diego Fernando Arellano Figueredo, luego de haber sido recluido en la clínica El Retiro. El joven fue ingresado al nosocomio tras recibir el impacto de un proyectil en el tórax disparado por un arma de fuego, mientras se encontraba en una manifestación en la avenida Perimetral.

La diputada aragüeña Amelia Belisario informó que hasta los momentos se han contabilizado 53 víctimas de represión, de las cuales solo 44 han sido reconocidas por el Ministerio Público y las otras nueve tienen investigaciones aún abiertas para determinar si sus muertes fueron causa de actos represivos.

Explicó que de estas víctimas solo 48% de la responsabilidad de las muertes recae sobre autoridades y cuerpos de seguridad como la Policía y Guardia Nacional Bolivariana, mientras que el 21% de las muertes han sido ocasionadas por colectivos.

Recalcó además que 60% de las personas privadas de libertad durante protestas han sido juzgados por tribunales militares.

Por otra parte, informó que los detenidos han sufrido torturas atroces. Reiteró que el Foro Penal Venezolano en Carabobo informó que entre 15 y 40 detenidos fueron obligados a comer excremento con pasta y que en El Tigre 40 manifestantes fueron torturados con electricidad por las autoridades y una mujer fue amenazada con ser violada.

 2-Se prolonga represión en San Antonio de Los Altos

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana reprimieron a manifestantes en San Antonio de Los Altos, estado Miranda por segundo día consecutivo.

Los vecinos de los kilómetros 8, 14 y 16 cerraron las entradas y salidas hacia la carretera Panamericana, así como también en San Antonio de Los Altos.

El periodista Daniel Murolo reportó en su cuenta en la red social Twitter, que a las acciones de los vecinos de los diferentes sectores de los Altos Mirandinos, se unieron los estudiantes del liceo Juan XXIII, quienes trancaron las calles de Los Nuevos Teques y permitían el tránsito vehicular cada 10 minutos.

En la redoma de San Antonio de Los Altos, en Las Minas, los manifestantes fueron reprimidos por  los efectivos de la GNB, a quienes les lanzaron bombas lacrimógenas.

Ante esta situación, el ministro de Transporte Terrestre, Ricardo Molina, informó que los organismos de seguridad actúan en la carretera Panamericana para garantizar el libre tránsito de los habitantes de los Altos Mirandinos.

La represión de los cuerpos militares se produjo específicamente en el kilómetro 13, a la altura del centro comercial Oveja Negra. Los GNB lanzaron gas lacrimógeno y usaron tanquetas en contra de los manifestantes.

Los lacrimógenos afectaron la zona residencial adyacente a la redoma de San Antonio de Los Altos. A las 4:40 de la tarde usuarios reportaron una barricada a la altura de Montaña Alta por parte de manifestantes, quienes queman cauchos para restringir el paso vehicular.

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, informó que un herido de bala fue trasladado a la Policlínica Parque El Retiro.

Saqueos y detenidos en Barinas

Tres establecimientos fueron saqueados la madrugada del martes en la localidad del municipio Antonio José de Sucre, del estado Barinas, tras haberse prolongado el llamado a la actividad denominada el plantón por voceros de la Mesa de la Unidad Democrática.

Entre los comercios registrados esta el saqueo al centro de acopio Mercal de Socopo,  la planta procesadora de maíz ubicada en el sector Murucuti y el saqueo a la empresa socialista Agropatria.

El grupo de vándalos también saqueó un camión cargado de gas, el cual fue destruido en su totalidad. Según se conoció el grupo de manifestantes se mantuvieron hasta en horas de la mañana del martes donde aún mantenían la vía Barinas–San Cristóbal con el tráfico totalmente paralizado.

Los moradores de los sectores Pueblo Nuevo, Las Flores, Los Próceres y Américas del municipio Antonio José de Sucre denunciaron un apagón desde tempranas horas de la noche, lo que enardeció mas las protestas y residentes salieron a cacerolear por varias horas en la Troncal 005.

Las acciones de vandalismo obligaron a los comerciantes a mantener abajo las santamarías. Los propietarios manifestaron que no laborarán para prevenir cualquier tipo de saqueo y destrucción.

La gobernadora del estado Barinas, Zenaida Gallardo, informó que al menos siete personas fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana tras las protestas registradas el lunes 15 de mayo.

Las protestas dejaron más de 90 personas detenidas en todo el país. Hasta el momento, se han contabilizado dos fallecimientos, luego de los dos ocurridos en el estado Táchira.

3-Fiscalía investigará daños a costas tras derrame de petróleo

El Ministerio Público informó que se encuentra investigando los daños ambientales que han sufrido las costas orientales del país, tras el derrame de crudo “proveniente de la refinería Pointe a Pierre de la empresa Petrotrin de la República de Trinidad y Tobago”.

Los fiscales 89 nacional, 10 y 2 de los estados orientales venezolanos Sucre y Nueva Esparta, “Dalila Puglia, Jesús Marcano y Javier Rondón, respectivamente, coordinan las actuaciones necesarias para establecer las consecuencias jurídicas derivadas de este hecho”, dijo el MP en un comunicado.

En ese sentido, la Fiscalía supervisa los trabajos de saneamiento que realiza la estatal Petróleos de Venezuela, el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, junto con otras instituciones del Estado, “así como miembros de los consejos comunales de las zonas afectadas”.

Para esta investigación el MP gestiona “la recopilación de los elementos probatorios, la determinación de los recursos y de la extensión de los espacios en los cuales se registran daños”.

También ha solicitado a PDVSA información para precisar el tipo de crudo encontrado en las costas venezolanas.

El MP pidió a la estatal petrolera, al Ministerio de Petróleo y al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos del país caribeño, realizar informes para evaluar los daños y el costo de saneamiento.