Imputan a 2 controladores aéreos por revelar información confidencial
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció que dos controladores aéreos de nombre Guillermo González y Derbys Rodríguez, están siendo juzgados por revelar información confidencial de Estado.
Los detenidos habrían develado «datos, imágenes fotográficas y videos de aeronaves, tanto civiles como militares, algunas de ellas que cumplían misiones de Estado, cuando hacían su llegada o se disponían a despegar», dijo.
Así, como publicaciones en las redes sociales sobre las operaciones desde la Torre de Control de Tránsito Aéreo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
Saab señaló que este controlador aéreo «poseía en su teléfono un informe operacional de los servicios para la navegación aérea venezolana, contentivo de imágenes de diferentes espacios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía», así como «reseñas de las funciones y gestión del tránsito aéreo y situación de los servicios», documentos que compartió con un tercero a través de correo electrónico en septiembre de 2019, apuntó.
Por estos hechos a González se le imputan los delitos de revelación de información confidencial, terrorismo y asociación para delinquir; mientras que a Derbys Rodríguez se le juzga por revelación de información confidencial y asociación para delinquir.
«Debemos recordar que, según la Ley de Aeronáutica Civil, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), como máxima autoridad aeronáutica de la República, es un ente de seguridad de Estado, mientras que según el Régimen Especial del Personal del INAC, el cargo de controlador de Tránsito Aéreo es un cargo de confianza y su actividad se considera de seguridad de Estado. Además, el Régimen Especial del Personal establece prohibición de suministrar información a medios de comunicación relacionada con el funcionamiento del ente o con asuntos que en esta institución se ventilen, sin previa autorización del presidente del INAC», explicó.
El fiscal general indicó a los acusados se les ha garantizado el derecho a la defensa «y será el juzgado el que decida sobre si sus acciones se corresponden con los cargos por los que fueron acusados».