Ola de disturbios contra reforma de las pensiones en Francia
Francia afronta una nueva jornada de protestas y huelgas parciales contra la reforma de las pensiones, aprobada el jueves por decreto por el Gobierno de Emmanuel Macron, en medio de un creciente malestar social reflejado en la segunda noche de disturbios en varias ciudades del país. La reforma aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Aunque de menor calado, grandes ciudades francesas registraron el viernes por la noche protestas espontáneas que en París se saldaron con al menos 60 arrestos en un acto en la plaza de la Concordia.
En Lyón, los enfrentamientos con la policía fueron especialmente tensos y los manifestantes intentaron invadir la sede de una Junta de distrito.
El descontento de la calle, que se está organizando al margen de sindicatos y partidos, se ha trasladado también al Parlamento, donde este lunes se debatirán 2 mociones de censura para tumbar al Ejecutivo, al borde de una crisis política que no se veía desde el estallido de la revuelta de los «Chalecos Amarillos» en 2018.
La reforma que eleva la edad mínima de jubilación en Francia de los 62 a los 64 años mantiene a los sindicatos en pie de guerra, con algunas huelgas enquistadas, como la de recogida de basuras en París, donde miles de toneladas de desechos siguen esparcidas en las aceras a pesar de que el gobierno francés ha impuesto la vuelta al trabajo a ciertos limpiadores.
Este sábado se esperan también incidencias de la circulación de trenes de alta velocidad (funcionarán 4 de cada 5), los regionales TER (3 de 5) y de Intercities (3 de cada 5).
El tráfico aéreo no deberá registrar anulaciones o atrasos por la huelga, aunque sí se aguardan para el lunes 20 marzo, cuando se cancelarán un 30% de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly y un 20% en el de Marsella (sur).
En el sector de la energía, al menos 4 importantes refinerías estarán cerradas «sin que se conozca aún el posible impacto en el abastecimiento de combustible». Además, 4 terminales de transporte de gas siguen bajo los piquetes «que permiten, no obstante, importar gas licuado», así como 11 depósitos de gas de Storengy, filial de Engie.