Bachelet actualiza informe: Ejecuciones extrajudiciales y sueldo de menos de $1
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó este jueves durante la actualización de su informe sobre Venezuela que no han cesado las ejecuciones extrajudiciales en el país durante los operativos de seguridad.
Dijo que a principios de enero al menos 14 personas murieron durante un despliegue en La Vega, en Caracas y pidió a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro que realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esa práctica.
La funcionaria manifestó, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que desde septiembre pasado, cuando presentó una breve actualización oral de su informe, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia el acceso a los servicios básicos como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina.
Señaló que el salario mínimo está por debajo de 1 dólar al mes, mientras se estima que el precio de la canasta alimentaria ha aumentado 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de venezolanos, subrayó, estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Bachelet expresó que la muerte de al menos 28 venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar para huir de la crisis.
Manifestó su preocupación por los informes que señalan las muertes de ciudadanos en los centros de detención a causa de tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades.
Resalto que garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes como la del indígena pemón Salvador Franco.
“Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente y acojo el nuevo acceso de mi oficina a los centros de detención policial”, dijo.
En ese contexto, añadió Bachelet, la asistencia humanitaria resulta más esencial. Por esta razón, dijo estar preocupada por la imposición de restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las organizaciones no gubernamentales, incluida la congelación de activos.
“Pido que se reanuden los proyectos suspendidos”, manifestó.
Rechazó la criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales, además de los miembros o partidarios de la oposición, incluidos diputados a la Asamblea Nacional electos en 2015 y sus familiares.