Descubren 17 irregularidades en selección de magistrados del TSJ
La parlamentaria que estudió la designación de 13 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y 21 suplentes presentará su informe definitivo ante la plenaria, donde exige revocar la decisión del Parlamento que designó a los funcionarios por 17 irregularidades en el proceso de .
Este martes dicha comisión, presidida por en diputado de la bancada opositora Carlos Berrizbeitia, presentará su informe definitivo en la plenaria de la AN que discutirá las acciones a tomar.
Una de esas irregularidades, señala el documento, es que tras la renuncia del parlamentario Elvis Amoroso (PSUV) a la presidencia del Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia no estuvo presidida por un diputado, como exige su reglamento en el artículo 8, sino por un miembro de la sociedad civil: Ramón Carlos Javier Gámez Román. Amoroso debió ser sustituido por un diputado seleccionado en la plenaria.
Entre las violaciones del procedimiento, delimitado en la Ley Orgánica del TSJ y el reglamento del comité, está el irrespeto de los lapsos. La recepción de postulaciones de candidatos a magistrados no debe ser mayor a 30 días continuos (artículo 70 de la Ley Orgánica del TSJ); sin embargo, el 22 de octubre de 2015 se abrió el proceso indefinidamente.
Por otro lado se irrespetaron los tiempos de las impugnaciones, que está establecido en 15 días continuos desde la publicación de la lista de postulados, y debía culminar el 23 de diciembre, pero ya para el 14 de diciembre el comité había enviado la lista de preseleccionados al Poder Ciudadano. Tampoco se respetaron los lapsos para la defensa de los impugnados.
Berrizbeitia añadió que el baremo para la selección de los candidatos a magistrados no se escogió con el voto de las dos terceras partes de los diputados, como exige el artículo 73 de la Ley Orgánica del TSJ.
Para evitar que el propio TSJ evite que se destituya a los magistrados, se pedirá que por urgencia reglamentaria se discuta esta misma semana una reforma de la Ley Orgánica del TSJ.
También se presentarán pruebas de la presión ejercida contra los magistrados anteriores para que renunciaran a sus cargos, que incluye una carta del 8 de octubre de 2015 en la que la magistrada de la Sala de Casación Penal, Carmen Porras de Roa, escribió a la presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez, que rechazaba su “petición verbal” para que solicitara de manera anticipada el beneficio de jubilación.
