6 años de condena para Cristina Fernández por corrupción

Un tribunal de Argentina condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su esposo, Néstor Kirchner (2003-2015).

La sentencia también inhabilita a la ex mandataria para ocupar cargos públicos de por vida. Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita.

Kirchner niega los cargos y afirma ser víctima del «lawfare» o guerra jurídica.

Es la primera vez en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia.

No obstante, el fallo no supone que la vicepresidenta entre inmediatamente a la cárcel, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.

Kirchner goza además de fueros que impiden que sea arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato, y podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo, lo que podría extender su inmunidad.

La ex mandataria fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro, quien también fue condenado, al igual que otros 10 ex funcionarios kirchneristas.

Acusada

La ex mandataria fue condenada por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, en la que Néstor Kirchner fue gobernador durante más de una década antes de llegar a la presidencia, y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que los Kirchner «instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentable y tristemente, se hayan desarrollado en el país».

La acusación aseguró que, días antes de asumir la presidencia, en 2003, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.

Según los fiscales, pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, que actuó como testaferro: Lázaro Báez, quien era gerente del Banco de Santa Cruz y que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en la industria de la construcción.

Durante sus alegatos, los fiscales detallaron que las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales (que ganó el kirchnerismo), y aseguraron que esto se debió a que la asociación ilícita buscaba recaudar fondos para las campañas electorales.

Austral Construcciones dejó de operar en diciembre de 2015, momento en que Cristina Kirchner dejó el poder, un hecho que -para la Fiscalía- también demuestra que había un vínculo entre la constructora de Lázaro Báez y los Kirchner.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2, integrado por Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dará a conocer los argumentos de su sentencia el 9 de marzo de 2023, luego de las vacaciones judiciales de verano.

En ese momento, los abogados de la vicepresidenta podrán apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación.

Si ese tribunal ratifica la sentencia, la defensa aún podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, Cristina Kirchner estará libre y podrá presentarse a elecciones en los comicios generales de octubre de 2023.

Si eventualmente su condena queda firme y ella ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, para que vaya a prisión primero deberá ser destituida a través de un juicio político.

De ocurrir, Kirchner podría eventualmente cumplir una pena de prisión domiciliaria ya que en febrero próximo cumplirá 70 años, la edad a partir de la cual se puede exigir ese beneficio.

Además de la causa Vialidad -la primera que llegó a juicio- la ex mandataria también está procesada en otra «megacausa» conocida como «los cuadernos de la corrupción», en la que se le acusa de recibir sobornos de empresarios de la obra pública.

La causa fue elevada a juicio en 2019 pero el proceso -en el que también están acusados ex funcionarios y varios empresarios, entre ellos un primo de Mauricio Macri- aún no tiene fecha de comienzo.

Kirchner también fue sobreseída en otras tres causas, antes de que se iniciarán los juicios, entre ellas en la llamada «Hotesur/Los Sauces», en la que se la acusaba, juntos a sus hijos, de haber utilizado hoteles para lavar dinero proveniente de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez, quien alquilaba habitaciones en las propiedades de los Kirchner, supuestamente para los empleados de su constructora./g.a.