CNP exige la derogatoria de la «Ley contra el odio» y rechaza proyecto de reforma

La junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas, CNP, ofreció este viernes una rueda de prensa para ratificar su solicitud de derogatoria de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017.

Durante el encuentro con los medios, los voceros gremiales fijaron posición frente al proceso de consulta pública que adelanta la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reforma parcial de dicha normativa.

El presidente del CNP, Tinedo Guía, sostuvo, de manera categórica, que el instrumento legal no admite modificaciones ni puntos intermedios, ya que su propia existencia vulnera garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tales como el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información.

Una «mutación del castigo»

Guía, a nombre del CNP, alertó que el texto de reforma propuesto representa una «mutación del castigo» y no un avance hacia las libertades democráticas.

Explicó que aunque el proyecto plantea eliminar las penas privativas de libertad, conserva conceptos jurídicos amplios y discrecionales —como «zozobra», «angustia» u «hostigamiento»— que permiten seguir criminalizando el ejercicio del periodismo y la crítica ciudadana.

Asimismo, se denunció que sustituir la cárcel por multas desproporcionadas, bloqueos de portales digitales, retiro inmediato de contenidos y cierres o revocatorias de concesiones a medios de comunicación solo reconfigura los mecanismos de censura.

A juicio de la institución, estas medidas administrativas comprometen la sostenibilidad económica de los trabajadores de la prensa y la continuidad operativa de los medios independientes.

Por su parte, Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, reiteró un pliego de exigencias dirigido tanto al Poder Legislativo como al Judicial como son: solicitar a la Asamblea Nacional la derogación total de la ley y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaratoria de nulidad de un instrumento que consideran contrario a los derechos humanos.

«Exigimos la libertad plena para todos los ciudadanos y periodistas privados de libertad por el ejercicio de sus derechos, así como el sobreseimiento de las causas abiertas, el levantamiento de medidas cautelares y la eliminación de antecedentes penales derivados de esta ley».

Ayton Monsalve, representante del Ininco en la Alianza por la Libertad de Expresión solicitó «la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los nueve años de vigencia de la normativa y la reparación integral para las víctimas».

El ente gremial también solicitó la «aplicación del marco jurídico ordinario: Recordar que el ordenamiento legal venezolano ya cuenta con disposiciones en el Código Penal y leyes especiales para sancionar la instigación a la violencia y la discriminación, sin necesidad de leyes punitivas que coarten el debate público».

El CNP reafirmó que se mantendrá en sesión permanente, junto a otras organizaciones gremiales y defensores de derechos humanos, para vigilar el desarrollo del debate parlamentario y defender el libre ejercicio de la profesión en todo el territorio nacional.

Por su parte el consultor jurídico del CNP, Andrés Raúl Páez, hizo un llamado de alerta a los miembros de la Asamblea Nacional, a la Directiva del 2015 de la AN, al Gobierno Nacional, y los representantes del gobierno de EE.UU en Venezuela, para que sea derogada la Ley contra el Odio, rechazar categóricamente el proyecto de reforma, por mantener ambigüedades, inexactitudes, sujeta a la discrecionalidad del ejecutivo nacional, para continuar siendo un instrumento represivo, en contra de los ciudadanos, gremios, periodistas, medios de comunicacion social, trabajadores de la prensa, bajo procedimientos sumarios de multas desproporcionadas, para revocar permisos de partidos políticos, de medios de comunicación, de ONG, invocando subjetividades, en perjuicio de más de diez derechos humanos fundamentales, como de legalidad, tipicidad, preeminencia de tratados internacionales, derecho a la defensa, debido proceso, presunción de inocencia, acceso a expedientes incriminatorios, designación de defensores privados, libertad de asociación, libertad de expresión, y libertad de información.

El consultor jurídico del CNP insistió que de aprobarse el maquillaje de proyecto de reforma, se violan tratados internacionales, además de categóricos pronunciamientos de la RELE CIDH, Corte IDH y Misión Independiente de la ONU. Concluyó el consultor jurídico que con el proceso de designación de nuevos miembros del TSJ, la Sala Constitucional debe revisar toda la jurisprudencia violatoria sistemática de derechos humanos fundamentales, implementadas bajo un andamiaje de leyes como las Resorte, Antisociedad, Simón Bolivar y otras, en perjuicio del derecho de las comunidades a estar debidamente informadas, sin censura.

Esta rueda de prensa contó con la presencia de Néstor Garrido, secretario nacional de mejoramiento profesional, Ivonne Andara, secretaria nacional de organización, Deyanira Castellanos, secretaria nacional de relaciones institucionales, Elio García, secretario nacional de actas y Germán Luna, secretario nacional de deportes.