Castillo gana elecciones en Perú

Con el 100% de las actas electorales procesadas y el 99,295 por ciento contabilizadas, Pedro Castillo es el candidato con más votos en las elecciones presidenciales peruanas con al menos 8.803.629 sufragios.

Si bien aún resta un 0,705 por ciento de los votos por escrutar, y ese porcentaje es mayor al que separa a Castillo de la candidata Keiko Fujimori (0,4 puntos porcentuales), es inviable que se pueda revertir este resultado.

Durante el conteo de votos del balotaje presidencial en Perú, Keiko Fujimori denunció irregularidades y acusó al partido de su oponente, de «boicotear la voluntad popular».

El 9 de junio por la noche, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya llevaba el 99,1% de las actas procesadas, Fujimori anunció que solicitaría la nulidad de 802 mesas al Jurado Nacional Electoral (JNE). Ambos organismos indicaron a la AFP que por el momento no se pronunciarían sobre esta solicitud.

Al 7 de junio, el JNE había registrado 148 incidentes durante las votaciones, como propaganda ilegal, marcas a favor de candidatos dentro de las cámaras secretas y electores que se negaron a ser miembros de mesa, entre otros.

«Hay incidencias que se reportan pero que no significan fraude en absoluto», señaló el 9 de junio a AFP Factual una encargada de comunicaciones del JNE, quien agregó: «Las incidencias no son fraude. Un fraude es cuando hay actos sistemáticos y premeditados que tengan incidencia directa en las votaciones, eso no existe».

El fraude electoral no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal peruano, aunque varios artículos sí castigan procedimientos que atentan contra las elecciones.

En medio de la tensión por conocer de una vez por todas el resultado oficial, un fiscal anticorrupción pidió este jueves prisión preventiva para Fujimori.

En el campo de Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al juzgado anticorrupción «que se revoque la comparecencia con restricciones (libertad condicional) y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori», por infringir la prohibición de reunirse con testigos del caso Odebrecht, por el que está bajo investigación.

«No hay ningún temor de que se concrete esta prisión preventiva», dijo Fujimori en su primera reacción al pedido del fiscal, negando haber incumplido reglas de conducta impuestas por la justicia. «Hay una clara intencionalidad de distraernos, perturbarnos del proceso».