17 presos han muerto en centros de detención preventiva en tres meses
Amy Torres, [email protected] Un estudio elaborado por la Organización no Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad en 87 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, reveló que existe una sobrepoblación de 378%.
Centros de detención preventiva: Entre la violencia, el hambre y el hacinamiento es el nombre del informe.
Detalla que un total de 17 detenidos han fallecido en centros de detención preventiva entre el 1° de septiembre y el 1° de diciembre de 2016. Ocho de estas muertes se produjeron por desnutrición y enfermedades infecciosas y contagiosas como tuberculosis y amibiasis, ocho fueron casos de asesinatos y uno correspondió a un suicidio.
La ONG hizo un trabajo de monitoreo sistemático y exhaustivo de la situación de los centros de detención preventiva los cuales tienen una capacidad para albergar a 1.995 privados de libertad, pero en la actualidad acogen a 7.546. “En promedio, hay cuatro personas en el espacio que debería ocupar una sola”.
También señala que cerca de 2.458 detenidos (32,57% del total de los presos) ya fueron procesados y, sin embargo, no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.
El 57% de los centros no posee comedor, el 60% no cuenta con espacios para el lavado de la ropa, el 56% no posee áreas recreativas, el 50% carece de zonas para recibir visitas, el 34% no tiene servicio de recolección de basura y el 12 % no ofrece servicios higiénicos a los presos.
Solo 21 de los 87 centros abarcados en el estudio, que representan el 24%, cuentan con acceso al agua potable.
“La acumulación de basura, la ausencia de servicios higiénicos y de agua potable y la inexistencia de espacios para el lavado de la ropa generan un caos propicio para el desarrollo y transmisión de enfermedades infecto-contagiosas, que puede poner en peligro la vida de los detenidos, como de hecho ocurrió”, advierte el estudio.
Una Ventana a la Libertad advierte la responsabilidad por omisión del Estado en asuntos más estructurales, como el agudo hacinamiento en los retenes policiales, los retardos para procesar o trasladar a los privados de libertad a sus centros definitivos de reclusión, lo que deriva en hacinamiento.
La organización instó a las autoridades penitenciarias del país a “eliminar el uso de los centros de detención preventiva como centros de reclusión, por cuanto no reúnen las condiciones de infraestructura, sanitarias ni espaciales”.