Recolectan firmas a favor de directivas imputadas de la Suniaga

Amy Torres.- Un grupo de maestras de la Unidad Educativa Miguel Suniaga acudió a la iglesia San Sebastián de Maiquetía para elevar una oración por Yaneth Adrián y Mercedes López, directora y subdirectora, respectivamente, de la Unidad Educativa Estadal Miguel Suniaga, quienes fueron privadas de libertad por el desvío de productos Mercal destinados a la alimentación de los estudiantes. Durante la eucaristía también recolectaron firmas a favor de ambas.

“No puedo contar del problema porque no estaba, pero son mis compañeras de trabajo y puedo dar fe de que son personas intachables y que ostentan esos cargos porque son honradas y tienen apego a la escuela”, expresó una profesora con 25 años de servicio, que prefirió resguardar su identidad.

Mientras que Susana Carmona, segunda subdirectora del plantel, manifestó que “las chicas son inocentes; es injusto lo que les está pasando. Ellas lo que hacían era trabajar”.

Al consultarle bajo qué alegatos sostenía la inocencia de sus compañeras, respondió: “Lo único que hicimos, las profesoras Yaneth y Mercedes, fue recibir la comida. Fue lo único que hicimos”.

Cuando se le consultó si era cierto el pago del traslado de los alimentos con comida, la también subdirectora del Suniaga dijo que era falso. “No, para nada. Todo lo que ha salido en la prensa es falso”.

“La profesora Mercedes fue a buscar la comida y la profesora Yaneth la recibe. Eso fue lo único que pasó”. También se le preguntó si al contabilizar la comida todo estaba en orden, a lo que contestó: “Las chicas de la cocina la recibieron y más nada. Pero no te lo puedo decir si estaba completo o no”.

Por este caso el Ministerio Público también imputó a Griselda Rodríguez, promotora del Programa de Alimentación Escolar (PAE); Domingo Guerra, trabajador de Mercal; y Edgar Borrero, quien compraría los alimentos.

Las directivas junto a Rodríguez fueron acusadas por los delitos de peculado doloso propio, boicot y asociación para delinquir, según lo previsto en las leyes de Precios Justos, contra la Corrupción y contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; mientras que Guerra y Borrero fueron imputados por los mismo delitos pero en grado de complicidad.

Denuncias eran de vieja data

La profesora Ana Mercedes Aponte, directivo de Sitravargas, fue de las primeras en denunciar las irregularidades con el desvío de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Solamente este año se refirió de irregularidades en las escuelas Mariano Montilla y 10 de Marzo y los liceos José María Vargas y Fernando Toro.

“Por falta de agua no le están suministrando la comida a los estudiantes y, en vez de entregarles los insumos para que la hagan en su casa, se los llevan algunos trabajadores y exdirectivos, ante la mirada complaciente de directivos de esos planteles”, dijo Aponte en nuestra edición del pasado 16 de febrero.

Una semana después la profesora instó a través de este medio a la Zona Educativa de Vargas a ejercer contraloría y a iniciar una investigación dada las múltiples quejas en torno a los alimentos.

En esa ocasión informó que “en ocasiones, cuando los directivos no tienen efectivo para cancelar el transporte, lo hacen entregando bolsas de comida a las personas que le prestan el servicio”.

La sindicalista sugirió “darle un parado” a esa situación, porque “es la comida de los estudiantes. Se debe impedir a toda costa hechos como estos”.

En CNAE y Zona Educativa desestimaron las acusaciones

Francisco Leal, coordinador regional de la Corporación del Programa de Alimentación Escolar (CNAE), negó en nuestra edición de 17 de febrero los señalamientos hechos por la directivo de Sitravargas. “Constantemente estamos supervisando los 157 planteles educativos que gozan del PAE y no se ha presentado ningún tipo de problema”.

Refirió que esas acusaciones formaban parte de un guion político de la derecha, para “mal poner” al Gobierno revolucionario, al tiempo que explicó que el programa se llevaba de manera transparente y lo más importante era que había contraloría estudiantil.

Mientras que la profesora Irlanda Rodríguez, directora de la Zona Educativa, respondió el 24 de ese mismo mes sobre la necesidad de activar la contraloría social al Programa de Alimentación. “En cada uno de los planteles están las madres de la patria, y quienes más que ellas para vigilar todo lo que tiene que ver con la comida de sus hijos”

Asimismo, sostuvo que no deben permitir que se desvirtúe el programa nacido en revolución y para ello también existen los Consejos Educativos conformados por padres y representantes.

Finalizó diciendo que a la zona no había llegado ningún tipo de acusación.