Zozobra en Marapa Marina por familia con esquizofrenia
Laura De Stefano
La convivencia en el Edificio D de la comunidad de Marapa Marina, en Catia la Mar, se ha transformado en un escenario de peligro permanente para sus residentes por culpa de una de madre y su hijo, ambos con esquizofrenia, quienes protagonizan episodios de violencia.
Según los testimonios de los afectados, los enfermos salen de su vivienda portando objetos peligrosos con los que amenazan a los vecinos en las áreas comunes. Además de las agresiones verbales y los ruidos constantes a cualquier hora del día, se han reportado daños materiales en las puertas de otros apartamentos y bienes del condominio.
“Cuando llega la policía, ellos se calman, pero en cuanto los efectivos se retiran, el ciclo de violencia comienza de nuevo”, señalan los denunciantes.
La situación es crítica no solo para los vecinos, sino para los propios enfermos, cuyas crisis internas sugieren un riesgo de autolesión.
A pesar de que el caso persiste desde hace 15 años, las diligencias ante los organismos competentes han caído en saco roto. Denuncian que los familiares directos de los enfermos (esposo e hijo), residentes en el Táchira, se han desentendido del caso, llegando incluso a bloquear acciones legales o de asistencia desde la distancia.
En 2025, el Juzgado de Paz Comunal del sector emitió una medida de protección remitida a la Autoridad Única de Salud de La Guaira y al Ministerio Público. Incluso la solicitud de ayuda llegó hasta el TSJ.
Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido respuesta institucional, perpetuando un estado de impunidad que agota la paciencia de los ciudadanos.
Salud física e infraestructura
A la crisis de convivencia se suma un grave problema de infraestructura. Una filtración persistente originada en el apartamento en conflicto está afectando la línea vertical de baños hasta la planta baja.
Los Bomberos han sugerido el uso de un detector de fugas hídricas, pero la Gobernación tampoco ha respondido a la solicitud de apoyo para el alquiler de dicho equipo.
La víctima más visible de esta negligencia es una adulta mayor con enfermedad crónica que reside en la planta baja. Cada vez que Hidrocapital suministra agua, su vivienda se inunda, exponiéndola a niveles de estrés que agravan su delicado estado de salud.
La comunidad de Marapa Marina reitera que no busca criminalizar a las personas con esquizofrenia, sino exigir que las instituciones asuman su rol ante la incapacidad de la familia de origen.
Piden a la Coordinación Regional de Justicia de Paz Comunal que haga efectiva la humanización de la justicia y traslade a los pacientes a un centro especializado donde reciban la atención que su condición exige, devolviendo así la paz al Edificio D.
“No podemos asignar responsabilidad penal a personas con esquizofrenia, pero el Estado sí tiene la responsabilidad de actuar cuando la familia falla y la comunidad está en riesgo”, concluye la denuncia.