Tamara Adrián: Bertucci usa su influencia en el Gobierno en contra de los LGTBIQ+
Hace un año y en menos de 48 horas, 3 personas de la comunidad LGTBIQ+ fueron brutalmente asesinadas en Caracas, irónicamente, en el mes del Orgullo Gay. ¿Los culpables? No se sabe, pues las averiguaciones nunca se hicieron y los crímenes quedaron impunes.
Según datos recogidos por Transgender Europa en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2021, 3.664 personas transexuales en el mundo fueron asesinadas por prejuicios discriminatorios, de los que 126 se produjeron en Venezuela, lo que sitúa al país como la cuarta nación de América Latina con mayor número de asesinatos de personas trans.
Sin embargo, el hecho no ha de extrañar, porque Venezuela es uno de los 72 países en el mundo donde aún se penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Esta sanción se encuentra en el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar.
“El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen en su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de 1 a 3 años y separación de las Fuerzas Armadas.
La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura”.
Es decir, Venezuela no cuenta con una ley amplia e integral que garantice el derecho a la igualdad y no discriminación, y que incluya la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales contra la discriminación debido a la orientación sexual, identidad, expresión de género u otras características asociadas.
Pero, existen algunos instrumentos legales que mencionan la no discriminación por motivo de la orientación sexual, en algunas áreas específicas, a saber: Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Popular (aprobado el año 2010); el 173 de la Ley de Instituciones del sector Bancario (2010); el 5 de la Ley de regulación y control de Arrendamientos de Viviendas (2011), entre otros. El error está en que estas leyes carecen de reglamentos que permitan implementar estrategias reales y efectivas para evitar la discriminación y la desigualdad, de tal manera que son leyes vacuas, inocuas e inútiles.
La lucha para ser una mujer trans
Abogada, académica, investigadora, doctora en Derecho Comercial por la Universidad de París y especializada en Derecho Comparado, Tamara Adrián, dicta clases en la Universidad Central de Venezuela y, a la par, defiende su puesto como diputada a la Asamblea Nacional. Ella conversó con el Diario La Verdad de Vargas e hizo un importante recorrido sobre los derechos de la comunidad gay en el país.
“La verdad es que hemos retrocedido. Entre el año 82 y el año 98 este país fue el primero de la región en reconocer la identidad de alrededor de 150 personas transexuales por la vía judicial, luego ¿qué sucedió? Llega Chávez a la presidencia, llama a una Constituyente y comienza una destitución masiva de jueces”, detalla.
En 2015 Adrián se insertó en la historia política de Venezuela y también en la historia latinoamericana, al ser la primera diputada transgénero electa, al ganar los comicios, como suplente de la lista de Tomás Guanipa.
13 años antes de tomar juramento como legisladora, Adrián había cambiado su identidad sexual en el extranjero y en 2004 introdujo un habeas data ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que sus documentos oficiales consignaran el nombre que ella misma se eligió. Su expediente acumula dos millares de hojas y sigue sin ser resuelto. En este proceso ha intervenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El panorama país es así: desde 2010 Venezuela reconoce el cambio de nombre para cualquier persona. Está en la Ley Orgánica del Registro Civil, en el artículo 146: “Toda persona puede cambiar su nombre una vez, si es que este es infamante, le somete al escarnio público, atenta contra su integridad moral, honor y reputación o no se corresponde con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”. Sin embargo, no todo es tan sencillo, pues “las solicitudes no proceden. Es algo que no se reconoce”, afirma la académica.
Cabe anotar que, hace décadas, cuando en el país se decidió reconocer la identidad de cualquier persona, la regulación era patologizante: se requerían exámenes médicos, psiquiátricos y hasta operaciones genitales. No obstante, que no se admiten siquiera las solicitudes, las personas trans deben presentar todos estos documentos si quieren probar su suerte.
Venezuela se quedó clavada en ese concepto patologizante mientras que países como Argentina, Colombia, algunos estados de México, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Chile se sacudieron los prejuicios y aceptaron la autopercepción.
Acciones bloqueadas
En 2016, ya como diputada, Adrián impulsó una reforma a la Ley Orgánica de Registro Civil, que incluía el otorgamiento de una nueva partida de nacimiento para las personas trans. En esa propuesta bastaba con el autorreconocimiento de quien impulsara la acción. Pero esta norma no ha sido aprobada.
“No se ha resuelto ningún caso de justicia para la diversidad sexual. Ningún caso que tenga que ver con la identidad de género. No solo eso sino que se ha bloqueado la batalla legal de acciones estratégicas, la mía y la de otras personas”.
Hay una acción de inconstitucionalidad sobre esa norma, también se introdujo una acción de reconocimiento de los derechos de matrimonio igualitario y una más, colectiva, interpuesta en 2012, por personas trans para el reconocimiento de la identidad de género con los nuevos estándares internacionales no patologizantes. Entre otros expedientes congelados, está la acción de Tamara Adrián sobre el reconocimiento de su identidad.
“¿Qué es lo que pasa? La iglesia evangélica permea en todos los ámbitos del régimen. Por ejemplo, cuando Alejandro Bertucci, candidato presidencial, no ganó contra Nicolás Maduro, sí que ganó un curul en la Asamblea, extendiendo la representación de su iglesia. Bertucci siempre ha estado muy cerca del régimen, haciendo negocios con el chavismo. Él, junto con otras iglesias evangélicas, recogieron firmas en contra del matrimonio igualitario, identidad de género y también en contra de los juicios que están en el Tribunal Supremo. Ellos continúa llamando al odio”.
De igual forma, comenta que otros apoyaron la idea, pero “cuando Maduro dice que se tiene que discutir el matrimonio igualitario, Bertucci le responde que no porque eso es contrario a la ley de Dios y no se puede discutir y entonces viene la vicepresidenta de la Asamblea, Iris Varela, y remata diciendo que ella no estaría a favor del matrimonio igualitario, porque eso no va con la ley de Dios”.
Discriminados por un beso
“No creo que haya habido un momento en específico en el que yo dijera: ‘Ah, soy gay’. Creo que era un tema de no entender lo que siempre me habían enseñado”, explica Eduardo Ramírez, guaireño de 28 años, escritor y especialista en Marketing Digital y Relaciones Públicas.
Eduardo describe su experiencia colegial con una frase: “No tan mala”. A las dificultades que de por sí ya tienen las personas en su proceso de crecimiento, le tuvo que sumar la sexualidad como un problema y no como algo normal. Esto, confiesa, hace que el desarrollo psicosocial de un adolescente gay sea particularmente más complicado.
“Me costó. No me sentía libre de decir lo que me gustaba o lo que yo era. Siento que no había una aceptación general en mi familia, amigos, o al menos eso pensaba yo. No había apertura, había mucha vergüenza. Crecí en una familia muy religiosa donde el tema homosexual siempre fue rechazado y considerado como un súper pecado”.
Como adulto reflexiona sobre el niño y adolescente que fue y reconoce que sus heridas han logrado curarse con el tiempo.
“Discriminación sufrí en mi casa, por muchísimos años. Yo salí o me sacaron del clóset a los 15 años y hubo fuertes encontronazos en mi familia, en mi casa. En el colegio no fue una discriminación tan ‘rajada’, fue el típico bullying de esa época. ‘Pato’, ‘gay’, ‘parchita’ eran los insultos que escuchaba. Al final sí me afectaba. No quería que la gente supiera, pero en el fondo sabía que ese era yo”.
La sociedad lo avergonzaba en su adolescencia. Su mecanismo de defensa fue asumir que él no le debía explicaciones a nadie.
“En Sawu me discriminaron. Me di un ‘piquito’ (beso breve en la boca) con mi novio y me trataron de sacar como un perro. Cuando hablamos con el dueño, nos dijo ‘no chico, quédense tranquilos, yo hablo con los de seguridad. Lo que pasa es que hay diferencias, ustedes son unos gays buenos, unos gays bien’», dejando claro que no tenía problemas con los homosexuales de clase pudiente o al menos con los que aparentaban serlo».
Algo similar sucedió en Pizko, un bar que queda en el Centro Comercial San Ignacio. Allí le dijeron que no aceptaban esas “conductas” y que se retirara, y en otra oportunidad fue en la discoteca Rompeolas, en Catia la Mar, donde se le negó la entrada por su “comportamiento afeminado”.
Todo comenzó en Nueva York
Muchos desconocen por qué se conmemora El Día del Orgullo Gay el 28 de junio. Esto se debe a los disturbios Stonewall (Nueva York) que tuvieron lugar en 1969 y fue la primera vez que la comunidad LGBTIQ+ se unió, en Estados Unidos, para luchar por sus derechos.
Hubo manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar la madrugada del 28 de junio en el pub Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. La comunidad gay se unió en aquella ocasión para luchar contra un sistema que perseguía a personas no normativas: LGBTIQ+, personas racializadas, entre otras. Asimismo, buscaban demostrar que los homosexuales eran parte de la sociedad, y fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales.
Las primeras marchas para conmemorar las protestas y luchas de Stonewall tuvieron lugar en 1970 en Nueva York y Los Ángeles. Tras este primer paso, muchas ciudades se fueron sumando a estas marchas en todo el mundo que, desde entonces, acogen los desfiles del Orgullo Gay para reivindicar sus derechos.
Fue el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, quien en junio de 2009, declaró el mes de junio como el Mes del Orgullo Gay, citando los disturbios como razón para «comprometerse con la igualdad ante la ley para los estadounidenses LGBTIQ+». Ese mismo año se cumplían 40 años de los disturbios de Stonewall.
No es una enfermedad
La Asociación Americana de Psicología (APA) define la orientación sexual como “una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros”. Es distinta a otros componentes de la sexualidad, como al sexo biológico (los genitales con los que las personas nacen), la identidad de género (el sentido psicológico del ser hombre o ser mujer) y los roles sociales de la sexualidad (que se focaliza en las distintas normas culturales de los comportamientos “masculinos” y “femeninos”).
Entonces, podemos ser hombres o mujeres, pero tenemos distintas orientaciones sexuales. “Es falso que una persona por nacer varón tiene que ser heterosexual, le tiene que gustar la mujer; o el hombre con pene y la mujer con vulva deben sí o sí tener sexo para reproducirse”, explica a La Verdad de Vargas Valentina Villanueva, psicóloga clínica.
“La verdad es que no todos los hombres y mujeres desean tener sexo solamente para reproducirse (de lo contrario no existirían los anticonceptivos); no a todas las personas les gusta el otro sexo. Es algo normal que sucede en la especie humana (y en otras especies animales)”.
La calificación de la homosexualidad como “una patología” o la afirmación de que las personas llegan a ser gays y lesbianas porque «tienen un padre violento y alcohólico, o una madre sobreprotectora y exigente», no son compartidas por la mayoría de profesionales y carecen, según los expertos, de base científica.
«La homosexualidad no es ningún trastorno mental y así lo afirma la comunidad científica internacional. De hecho, la Asociación Americana de Psicología (APA) retiró en 1973 la homosexualidad de su manual de diagnóstico y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerarla una enfermedad el 17 de mayo de 1990, ya hacen 32 años”.
Villanueva declara que «desde el punto de vista médico y psicológico no existe ninguna diferencia entre los homosexuales y los heterosexuales». Para esta experta, los gays y lesbianas pueden sufrir más problemas psicológicos si no aceptan su condición de homosexual, pero eso le ocurre igual a cualquier otra persona que se rechaza a sí misma, como pasa con algunos pacientes obesos, por ejemplo.
La lucha continua
5 activistas por los derechos humanos, consultados por el Diario La Verdad de Vargas, coinciden en que durante el año 2021 existió mayor visibilidad al tema de la situación LGBTIQ+ en el país. La participación de la población joven del colectivo, la organización, los nuevos grupos y alianzas, decididos a denunciar los casos de discriminación y violencia, a la par que trabajan para educar al respecto, lo hicieron posible.
No obstante la visibilidad sin avances tangibles no es suficiente. Para Yendri Velázquez, activista del Movimientos Somos, no se ha avanzado en materia de garantías de derechos humanos para los grupos vulnerables. Considera que se ha prolongado la situación de desprotección e incluso se ha profundizado producto de la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela.
2022 inició con el asesinato en el estado Lara de Maguin Méndez y Fredmar Meléndez, dos mujeres lesbianas, quienes fueron encontradas apuñaladas y calcinadas el lunes 3 de enero. Según informa Velásquez, el año pasado fueron asesinadas más de 20 personas del colectivo LGBTIQ+, en la mayoría de los casos, presuntamente por crímenes de odio. Además, se reportaron al menos 40 casos de discriminación hacia personas por su orientación sexual o identidad de género en distintas regiones del país al cierre de 2021.
Entre diciembre de 2021 y enero de 2022 se reportaron dos casos notorios de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. En ambos casos, el trato es discriminatorio por homofobia, transfobia y fue denunciado por distintas ONG dedicadas a la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Venezuela a través de las redes sociales.
El primero ocurrió el 10 de diciembre de 2021, cuando no se le permitió entrar a un hotel en Caracas al actor Juan Alejandro Solórzano, quien interpreta a Chiky Lorens, debido a que su apariencia física no correspondía con su cédula de identidad.
El segundo tuvo lugar el 3 de enero de 2022, cuando un restaurante de Caracas despidió a Luiggi, un hombre trans, alegando que no podían tener personas como él trabajando allí. Las autoridades solo respondieron en el caso de Lorens, quien acudió a denunciar el hecho ante la Fiscalía.
“En 2021 hicimos énfasis en la necesidad de crear programas y políticas específicas para atender el impacto diferenciado de la Emergencia Humanitaria Compleja de la comunidad LGBTIQ+. Esta es multidimensional e impacta de manera diferenciada a distintas poblaciones. En el caso específico de este grupo tenemos antecedentes con una carga adicional: la vulnerabilidad por el mismo Estado que tiene años de deuda al no aprobar leyes que garanticen nuestros derechos fundamentales”, comentó Velázquez.
Exigen justicia y derechos
“No se ha dado respuesta sobre los casos de los asesinatos a las personas LGBTIQ+ en Venezuela. No sabemos qué ha pasado con los asesinos de Rolando Colmenares, en Yaracuy; no sabemos qué ha pasado con los asesinos de Michelle, no sabemos qué pasó con quienes descuartizaron a Andrea, en Baruta, no sabemos qué ha pasado con los casos que hemos denunciado. La Fiscalía no ha dado respuesta”, subraya Velásquez.
Ricardo Hung, por su parte, expresa que Venezuela es el último país en avance legislativo sobre la materia en Latinoamérica. “El país es, junto a Paraguay, uno de los que están más atrasados en materia de derechos LGBTIQ+.
El activista de Alianza Lambda exige que también deben existir políticas públicas de amplio espectro, que perduren en el tiempo, independientemente de quien gobierne”.
Los defensores de los derechos humanos llaman al colectivo a promover la unión y continuar exigiendo el cumplimiento de los derechos. “No existen garantías de los derechos humanos para todos los venezolanos y venezolanas si no hay inclusión de las personas LGBTIQ+. No existe lucha por la democracia si no hay inclusión de mujeres y personas con discapacidad. En contextos autoritarios, nadie puede solo”, dice Velázquez.
Un compromiso social y de Estado
El futuro de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela sigue siendo incierto, pues el derecho a la identidad, a formar familia, al acceso a la educación, a la no discriminación y la inclusión en distintos estratos de este colectivo, siguen siendo exigencias pendientes ante el Estado venezolano.
Además, ante la sociedad también hay exigencias, entre otras, relativas a la educación sobre sexualidad y género y el promover un ambiente de respeto en medio de las diferencias. Mientras la situación no cambie, la comunidad LGBTIQ+ seguirá exigiendo vivir en paz, con dignidad y seguridad.
La marcha del Orgullo LGBTI+ Caracas 2022 se realizará el domingo 3 de julio a las 10:00 am. La ruta de este año será desde la estación Miranda (Parque del Este) hasta el Parque Los Caobos.
Por Gabriel Hernández
