HRW: La decisión de la CPI es un mensaje contundente para quienes han cometido abusos

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien anunció el inicio una investigación sobre Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad, “es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron».

“Si no existen investigaciones rigurosas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad de quienes están implicados al más alto nivel en atrocidades, lo cual requiere una reforma profunda del sistema de justicia disfuncional y politizado en el país, la CPI jugará un papel esencial como tribunal de última instancia”, señaló Vivanco.

“Para poder responder a las expectativas de que se haga justicia en Venezuela y en otras situaciones a nivel global, los Estados miembros de la CPI deben redoblar su apoyo político y económico a este tribunal».

Este miércoles, Khan anunció que abrirá una investigación sobre Venezuela por delitos de lesa humanidad, luego de una visita de tres días al país.

“La Fiscalía abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, que es Estado miembro de la CPI, en febrero de 2018. En septiembre de ese año, seis Estados miembros de la CPI pidieron que la Fiscalía investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Fue la primera vez que un grupo de países solicitó conjuntamente a la Fiscalía que investigara presuntos delitos cometidos en el territorio de otro Estado miembro de la CPI. Esta remisión por los Estados permite que el fiscal inicie una investigación sin aprobación previa de jueces de la CPI», destacó la HRW.

Recordó que en diciembre 2020, la Fiscalía informó que existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Estos incluían, al menos desde abril de 2017, los crímenes de lesa humanidad de “encarcelación u otra privación grave de la libertad física tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”.

“La anterior fiscal, Fatou Bensouda, anunció en junio, al finalizar su mandato, que su oficina había concluido el examen preliminar. Sin embargo, al mismo tiempo, las autoridades venezolanas solicitaron a la corte que los jueces intervinieran en el examen preliminar, y la fiscal no anunció públicamente sus conclusiones. En julio, el tribunal rechazó la solicitud de Venezuela”, aseveran.

La Fiscalía concluyó que “las autoridades no tienen interés en investigar y/o juzgar genuinamente tales casos porque los procesos internos han sido llevados a cabo, o las decisiones judiciales han sido adoptadas, con el propósito de proteger a las personas de su responsabilidad penal… y/o los procesos internos no han sido llevados a cabo de manera independiente o imparcial, lo cual significa que han sido llevados adelante de una manera inconsistente con la intención de llevar a la persona implicada ante la justicia”.

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