UPP89 exige al CNE financiar los testigos de mesa

“El cálculo del gasto relacionado con los testigos es sencillo. Son cerca de 40.000 mesas de votación y, por lo tanto, se requieren 80.000 testigos si consideramos un testigo principal y un suplente por mesa. Haciendo un cálculo conservador de gastos de 10 dólares por testigo, se necesitan 800 mil dólares, y le tenemos que agregar el costo de la distribución a los centros de votación. Llegamos fácilmente al millón de dólares, por partido o bloque de partidos», manifestó el coordinador nacional de la Unidad Político Popular 89 (UPP89) Reinaldo Quijada.

Aseguró que no le están exigiendo ni un bolívar al CNE, sino que el árbitro electoral asuma ese costo en su presupuesto de gastos, y ofrecen su disposición de organizarse en bloques de partidos para cuidar los votos y, sobretodo, para reducir el monto.

Pidió que se encarguen de esa responsabilidad, al igual que lo hacen con los miembros de mesa, los efectivos del Plan República y el personal técnico del CNE, pues a su juicio eso le daría una mayor transparencia al acto de votación y una mayor equidad en la participación de todos los actores políticos.

“Estamos haciendo pública una comunicación motivada que le hemos enviado a los Rectores del CNE, el 27 de octubre, y que no ha recibido respuesta. Ya lo habíamos planteado anteriormente, en otras dos cartas, de fechas 28 de junio y 8 de octubre. Esta es la tercera vez. El CNE sabe muy bien que la presencia de los testigos es un componente fundamental del sistema automatizado integral de votación. No es necesario que nosotros se lo recordemos. No tener testigos es como tener una mesa sin una de sus patas”.

Denunció que el gobierno comete peculado de uso al realizar reuniones nacionales del PSUV, en cadena nacional, con la presencia del Jefe de Estado. «La alternativa es que el PSUV nos financie. Ellos son los que tienen dinero, carros de lujo y utilizan la infraestructura pública nacional y regional con total descaro y desvergüenza, desde los vehículos de ministerios, gobernaciones y alcaldías, hasta alquilar las busetas privadas y los mototaxistas para trasladar sus militantes”.