51 extrabajadores de Copa Airlines exigen el pago de sus prestaciones

Extrabajadores de Copa Airlines exigen que se les respeten sus derechos laborales, la restitución de sus prestaciones salariales y una disculpa por parte de la compañía.

Resaltaron que entre julio y octubre de 2020, la aerolínea comenzó una serie de procesos para finalizar el contratos de los trabajadores, pese al decreto de emergencia por la pandemia de COVID-19.

“Somos 51 familias y se nos ofreció hacer renuncias voluntarias con la promesa de que nuestros puestos de trabajos serían garantizados una vez acabada la emergencia de la pandemia, que inició con el decreto presidencial el 13 de marzo de 2020”.

Los afectados, empleados con largos años de servicio en áreas aeronáuticas y comerciales, fueron inicialmente informados de que no serían reincorporados a sus puestos debido a una decisión tomada por la presidencia de la empresa en Panamá. Ellos denuncian a la empresa por incumplimiento de acuerdos y tácticas dilatorias.

Testimonios de los afectados confirman que: 1) el acuerdo fue hecho de boca más no había un documento que respaldara la promesa de restituir los puestos de trabajos, 2) la negociación se realizó fuera del sitio de trabajo, en este caso el Hotel Eurobuilding, para evitar aglomeraciones de los trabajadores, 3) fue realizada por uno de los gerentes de Copa Airline junto a un grupo de abogados y 4) un grupo no aceptó la oferta, debido a la falta de información en el acuerdo“La empresa les dijo que esto era una medida coyuntural para que ayudaran a la empresa los meses que iban a estar sin toda la frecuencia de vuelos, pero que apenas se reactivan las actividades, ellos iban a ser incorporados. Esto nunca ocurrió”, señaló María Alejandra Sevilla, trabajadora con más de 18 años de servicio en Copa Airlines.

Durante cuatro años los empleados obligados a dejar sus cargos se vieron envueltos en una serie de situaciones que, no solo les impidieron trabajar para otras aerolíneas, también los desmoralizaron y obligaron a aplicar nuevas estrategias para paliar la situación de vulnerabilidad en la que quedaron.

En 2021, el grupo llegó a los tribunales laborales, para denunciar la situación. Obtuvieron victorias tanto en primera como en segunda instancia. Las sentencias condenaron a la empresa a pagar las diferencias en prestaciones sociales y beneficios socioeconómicos, que la compañía intentó eludir mediante diversas tácticas dilatorias.

La empresa no ha cumplido con las sentencias, apelando y presentando recursos para evitar el pago ordenado por los tribunales.

En octubre de 2023, la empresa solicitó una mesa de trabajo con la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, alegando su intención de pagar a los trabajadores. Sin embargo, durante más de seis meses de reuniones, la empresa no presentó propuestas concretas, utilizando este tiempo como una táctica dilatoria para desmotivar a los trabajadores a continuar con sus demandas.