Los indígenas yanomamis denunciaron este viernes que la minería ilegal en sus territorios ha seguido expandiéndose, a pesar de la intervención llevada a cabo desde inicios de 2023 por el Gobierno brasileño, y ahora piden a las autoridades el desarme de los invasores.
Esta petición figura en un informe redactado por la Asociación Yanomami Hutukara, con el apoyo técnico del Instituto Socioambiental y de Greenpeace, en el que la organización indígena hizo balance de las acciones del Gobierno un año después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretara la emergencia sanitaria en la región.
El informe, con participación de las asociaciones indígenas Wanassedume Ye’kwana (Seduume) y Urihi, destaca que el 80% de los mineros ilegales fueron expulsados y se logró una desaceleración en la degradación de esta región de la selva amazónica.
No obstante, según indica el reporte, el área de explotación de oro y otros metales creció un 7% en 2023, con lo que la superficie total acumulada de devastación alcanza ya las 5.432 hectáreas.
El impacto de la minería ilegal afecta a 21 de las 37 regiones existentes en el territorio yanomami, ubicado en la frontera con Venezuela, donde los metales pesados usados por los mineros han causado enfermedades y contaminado los ríos.