«Una supuesta actuación del secretario general, vía invocación de la Carta Democrática Interamericana, se convertiría en un intento de usurpar la autoridad y soberanía del Estado y en el desconocimiento de su gobierno, que sería rechazado», afirma el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez.
El diplomático considera que Almagro no puede modificar el proceso de aplicación que establece la propia Carta, ni su «gradualidad» a través de «una interpretación acomodaticia y temeraria» del texto.
«Incurriría, en tal caso, en una usurpación de funciones de la Asamblea General de la OEA, órgano al que correspondería modificarla. Esta situación prefiguraría un supuesto de hecho para solicitar la destitución del secretario general, pues daría un golpe a la institucionalidad del Estado o estados concernidos», señala.
El embajador argumenta que ni el secretario general ni otro Estado miembro puede invocar la Carta sin autorización del Gobierno, porque no se da el requisito, que recoge su artículo 20, de que haya «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
Defiende que en Venezuela «no existe ninguna situación fáctica que encaje o se subsuma bajo los supuestos de hecho establecidos en la Carta», porque «no existe una ruptura o alteración del orden constitucional».
La Carta establece una serie de pasos para su aplicación y deja claro que la suspensión de un Estado de la OEA la debe decidir la Asamblea General convocada en sesión extraordinaria. Desde su firma solo se ha efectuado una suspensión, la de Honduras en 2009 como respuesta al golpe de Estado que sacó del poder a Manuel Zelaya.
La oposición venezolana ha viajado en los últimos meses a países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para buscar apoyos continentales a la activación de la Carta Democrática, pero aún no ha anunciado la fecha de su solicitud formal a Almagro./ar