Los 27 países de la Unión Europea decidieron sancionar personalmente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y a su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, a los que incluirá en su lista negra como castigo por la invasión de Ucrania.
La medida, que ordena congelar todos sus posibles bienes y activos financieros en territorio europeo, forma parte de un amplio paquete de represalias armado minuciosamente desde Bruselas y cuya intención es azotar de forma brutal y sin precedentes al entramado político y económico que sostiene al régimen de Putin.
Las sanciones adoptadas no dejan casi ningún sector estratégico fuera de su alcance: golpea a bancos, empresas de defensa y de la industria aeroespacial, constructoras de infraestructuras, grandes compañías de transporte y logística o aerolíneas perderán o verán limitado el acceso a los mercados europeos de financiación y sufrirán la prohibición de adquirir tecnología y componentes esenciales para su modernización.
También estarán dirigidas por primera vez contra 26 miembros de la oligarquía próxima a Putin, individuos “que no son ni responsable del Gobierno ni miembros de la Duma, ni forman parte de instituciones políticas”, como los ha definido el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.
“No sé si son todos oligarcas, pero desde luego son personalidades ligadas al mundo financiero ruso y que consideramos que están apoyando al Gobierno para aprovecharse y beneficiarse de los acontecimientos que están sucediendo en Ucrania”.