El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro al considerarlo inconstitucional.
La decisión del máximo tribunal se da a menos de 24 horas después de que el secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba, anunciara que la mayoría del Congreso retomaría el juicio contra Maduro tras el fin de la tregua que habían acordado por petición del Vaticano para impulsar un proceso de diálogo con el gobierno.
El TSJ ordenó a los parlamentarios “abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente juicio político en contra del presidente, así como evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias”, señaló la sentencia que se difundió en la página de internet del tribunal.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, le restó importancia a la sentencia y publicó en su cuenta de Twitter que la Sala Constitucional, a la que consideró “fraudulenta”, no podrá dar instrucciones al Legislativo. “Absolutamente nula nueva decisión”, agregó.
“Seguiremos desacatando todas las decisiones anti-constitucionales del régimen, de la sala inconstitucional TSJ y de la sala electoral”, indicó.
El juicio por presunto incumplimiento de los deberes constitucionales había comenzado en octubre, pero fue postergado a comienzos de este mes por solicitud de la Santa Sede, que actúa como mediador en el proceso de diálogo.
El proceso no implicará la destitución de Maduro debido a que el Legislativo no está facultado por la constitución para ello, pero según el diputado opositor Juan Miguel Matheus derivará en una “sanción moral” al mandatario. Descartó que la decisión de la Corte afecte el proceso.
Cercenan el derecho a la protesta
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también prohibió convocar y realizar actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos.
En el texto, introducido por la Procuraduría General de la República se solicitó al TSJ lo siguiente: Evitar que voceros de la Asamblea Nacional y otros actores o voceros políticos, emitan opiniones y convoquen a actividades que pretendan atentar contra la paz de la República, generar violencia y pérdidas humanas y materiales para la Nación. Entre ellas, movilizaciones hacia zonas declaradas de seguridad conforme a la Ley, y en las cuales funcionan los Poderes Públicos.
Evitar que voceros de la Asamblea Nacional y otros actores o voceros políticos, convoquen a movilizaciones o actos de masas dirigidos a realizar llamados al desconocimiento o agresión de los Poderes Públicos o sus actuaciones.
Prohibir a los medios de comunicación social la retransmisión o transmisión en diferido de las informaciones relacionadas con los hechos contemplados en los puntos anteriores.
Ordenar al Ejecutivo Nacional tomar las previsiones necesarias para el resguardo de la integridad física de los ciudadanos que laboran en las distintas oficinas del sector público a cuyas sedes recurrentemente incitan a movilizarse voceros políticos, así como de las instalaciones y bienes que se encuentran en dichas sedes.”
Cada cosa en su lugar
El presidente Nicolás Maduro Moros aseguró que la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “pone las cosas en su justo lugar”.
“El sistema constitucional de Venezuela está funcionando muy bien. De manera fluida le he pedido al Procurador de la República que emita un comunicado que haga ampliaciones de esta decisión que pone todo en su justo lugar”’, precisó.