*Ortega Díaz podría ser detenida o sancionada por intentar destituirlos
La Sala Constitucional declaró como inadmisible el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, contra la designación de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional controlada por una mayoría oficialista, los denominados magistrados «express».
Recordaron que el 19 de julio de 2016 ya se habían pronunciado al respecto e incluso enviaron una copia del documento a la fiscal el 4 de agosto de ese mismo año.
En él se especifica que “cualquier comisión u otro artificio o acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados, subvierte el procedimiento constitucional (…) y por lo tanto es nulo, carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a responsabilidad penal, civil y administrativa”.
En base a esto, tanto la fiscal, como los diputados de la AN involucrado en la pretensión de remover a los magistrados podrían ser llevados ante la justicia y enfrentar sanciones que podrían incluir cárcel.
La fiscal general informó el lunes que había decidido impugnar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y pedir la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional donde seleccionaron a dichos magistrados. Ortega Díaz declaró que, en ese entonces, no firmó el acta de designación ni la del secretario del Consejo Moral Republicano debido a que el proceso estaba viciado.
“Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben yo los recuso de pleno derecho. No fue fácil para mi acceder a las actas de la designación de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho y no voy a firmar”, aseveró.
Al menos 50 heridos deja plantón nacional
Al menos 50 personas resultaron heridas en varios puntos de Caracas cuando fuerzas de seguridad intentaron dispersar a quienes ejecutaron el plantón convocado por la oposición.
En la Plaza Francia de Altamira 28 personas presentaron heridas por perdigones. Adicionalmente hubo 12 asfixiados por gases lacrimógenos, 10 de ellos niños de la Unidad Educativa Andrés Bello, ubicada cerca de la plaza.
La Policía Nacional Bolivariana detuvo al menos a ocho manifestantes, mientras que fue fotografiado un civil armado disparando desde el edificio del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
En las redes sociales circula un video en el que efectivos de la GNB despojan de sus teléfonos celulares a dos personas en Altamira Sur.
También en el Distribuidor Metropolitano hubo 12 heridos por perdigones, entre ellos, el diputado Rafael Guzmán y un dirigente juvenil de Voluntad Popular. Funcionarios de la GNB irrumpieron a la urbanización Terrazas del Ávila persiguiendo a manifestantes.
El periodista Manuel Trujillo informó que también los miembros de la prensa fueron atacados por los efectivos. Usuarios en Twitter denunciaron que los militares dispararon a quemarropa. El reportero gráfico de El Estímulo recibió un perdigonazo en el brazo derecho después de haberse identificado como trabajador de prensa.
En el Distribuidor Santa Fe y Los Ruices, así como en los túneles de La Trinidad se registraron intensos choques entre manifestantes y GNB.
Funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) y de la GNB arrestaron al menos a siete jóvenes en Ciudad Bolívar tras ingresar en las residencia Vista Hermosa a hacer allanamientos sin orden judicial.
En San Diego, Carabobo, funcionarios del Cicpc irrumpieron en las residencias Los Tulipanes, después que la GNB dispersara a los manifestantes de la zona lanzando bombas lacrimógenas, incluso contra los edificios.
En San Diego, Carabobo, funcionarios del Cicpc irrumpieron en las residencias Los Tulipanes, después que la GNB dispersara a los manifestantes de la zona lanzando bombas lacrimógenas, incluso contra los edificios.
Faría: Constituyente arrinconará a sectores violentos
El exministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y candidato a constituyente, Jesús Faría, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro, contribuirá a la “pacificación” del país y permitirá el desempeño de una economía “mucho más estable”.
Desestimó que las causas de la crisis económica actual en Venezuela sean producto del chavismo, en cambio, las acuñó a la caída de los precios del petróleo, el “agotamiento” del modelo rentista, a la denominada guerra económica y a las manifestaciones “violentas” de la oposición que asegura impiden la confianza de los inversionistas en el país.
Dijo que la Constituyente sí será sometida a referendo aprobatorio y que se planteó ante la “ausencia de entendimiento” por parte de la oposición y que la misma permitirá “arrinconar” a sectores “violentos” en alusión a parte de dirigentes que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Indicó que la oposición se precipitó a una “política de violencia y de desestabilización” debido a la “mejora” que a su juicio registró el primer trimestre del país. “La oposición en este momento está en manos de los violentos y los demócratas de allí se subordinan”.
Señaló que no se puede tratar con “manos de seda” a sectores políticos que “llaman al terror, a la desestabilización y que apelan a factores de poder internacional” para ponerse “al margen de la ley”.
Fiscalía pidió no usar lacrimógenas contra escuelas y hospitales
El Ministerio Público (MP) pidió una “acción de protección” para “imponer” a los cuerpos de seguridad del Estado que cumplen con funciones de orden público la “obligación” de no utilizar gases lacrimógenos u otros “agentes químicos de disuasión” cerca de los centros educativos y de salud, tanto públicos como privados.
La petición la introdujo el fiscal 100º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Juan Vicente Gómez, con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes, civil e instituciones familiares, ante el Tribunal 32º de esa jurisdicción.
La acción judicial busca garantizar la “integridad física, derecho a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes” que se encuentran en centros de salud infantil y planteles educativos, en vista del uso de gases lacrimógenos por parte de los cuerpos de seguridad para el control de manifestaciones públicas.
Emiten orden de captura a ex ministra de Salud
La exministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, tiene dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución solicitadas por el Ministerio Público tras comprobar indicios de posible corrupción durante su gestión. Pero las decisiones no han sido acatadas por el TSJ, según documentos de la Fiscalía.
La primera orden de detención en perjuicio de Sader fue emitida por el MP el 15 de mayo de 2015 (ratificada el 28 de marzo de 2016), luego de que una investigación penal determinara presuntas irregularidades en la contratación por parte del Ministerio para la Salud de las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V y MCC London Limited, para la construcción de 6 hospitales de alta tecnología (que formaban parte de la Misión Barrio Adentro IV), reseñó Runrunes.
El monto involucrado en estos centros hospitalarios nunca construidos en Caracas, Miranda, Barinas, Apure y Guárico es de 663 millones de dólares.
La segunda solicitud de detención se emite debido a sus presuntos manejos irregulares de insumos y equipos médicos, entre los que destacan 68 contenedores de medicamentos vencidos en el Almacén de Medicamentos e Insumos Médicos Robotizado Jipana, ubicado en Valles de Tuy.
UCV y UCAB no enviarán registro estudiantil al CNE
Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) decidieron no enviar el registro estudiantil al Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio.
Amalio Belmonte, secretario de la casa de estudios UCV, informó que por sus convicciones civilistas, «no podemos contribuir con procesos, legitimados por usted, que atentan contra la democracia y confiscan la libertad y el principio de soberanía popular».
Una decisión similar tomó la UCAB. José Virtuoso, rector de la universidad, advirtió que no entregará los datos de los estudiantes para el subregistro de votantes sectoriales a la constituyente.
Indicó que apoyan las acciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz contra la constituyente, por lo que para ello, van a recoger firmas y a través de una comisión le entregarán una carta a la funcionaria.