*El parlamento no podrá ejercer control sobre el poder judicial, ciudadano y electoral
El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que limita las funciones contraloras del legislativo, decisión que se registró unas horas antes de que la Asamblea Nacional comenzara a discutir un informe que declara viciada la elección de 13 de sus magistrados y plantea la reapertura del proceso de selección.
La Sala Constitucional del máximo tribunal dictaminó que la AN, controlada por la oposición, “no está legitimada” para revisar, anular o revocar los procesos anteriores de selección y designación de magistrados, y estableció que actuar en ese sentido “sería evidentemente inconstitucional”.
Asimismo, la Corte estableció que el congreso puede ejercer el control parlamentario sobre el Ejecutivo, pero “no sobre el resto de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral)”.
La sentencia fue difundida a pocas horas que la Asamblea Nacional sometiera a discusión el informe de una comisión especial que concluyó que se cometieron violaciones a las leyes en el proceso que siguió el anterior congreso, días antes de la culminación de su período, para nombrar 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal.
El oficialismo rechazó de antemano las acciones de la oposición alegando que el legislativo no tiene potestad legal para investigar o destituir a los magistrados, lo que hace prever que habrá un nuevo enfrentamiento entre los bandos que podría llegar al Tribunal Supremo, señalado de estar controlado por el gobierno.
“No hay ninguna duda de que el acto administrativo hecho para elegir el 23 de diciembre a los 13 magistrados y 21 suplentes está viciado”, dijo el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión especial que investigó el proceso. Afirmó que se incumplieron los lapsos legales para los nombramientos y se vulneró la normativa que prohíbe a los jueces tener filiaciones políticas.
Berrizbeitia indicó que la comisión especial obtuvo pruebas que demuestran que algunos de los magistrados que salieron de sus cargos en 2015 fueron “extorsionados para que adelantaran sus jubilaciones” y permitir así a la anterior Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, nombrar nuevos jueces.
En su exposición, Berrizbeitia expuso una grabación del testimonio dado a esa comisión por la exmagistrada Carmen Porras, quien acusó a la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez y al magistrado Maikel Moreno de presionarla para que renunciara.
«¿Cuál es la diferencia entre la actuación de un pran con algunos magistrados en las oficinas y pasillos del TSJ?», dijo Berrizbeitia.