El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que el presidente Donald Trump no puede bloquear la información financiera y fiscal que le reclama la Fiscalía de Distrito de Manhattan.
Los abogados del republicano habían alegado que el Congreso no estaba legitimado para requerir toda esa información para seguir sus investigaciones.
El fallo resuelve una batalla legal que el mandatario llevó hasta el final para mantener en secreto sus cuentas. Sin embargo, devuelve a los tribunales inferiores una demanda paralela del Congreso, lo que significa que probablemente ningún dato será público hasta pasadas las elecciones de noviembre.
La decisión la tomó una mayoría de siete votos frente a dos disensiones. Los jueces debían dictaminar sobre dos casos distintos, uno resultante de varias peticiones de información por parte de la Cámara de Representantes y otro derivado de las citaciones del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance.
Ambas demandas están relacionadas con la investigación por los pagos opacos que Trump realizó ante de las elecciones de 2016 para silenciar dos supuestas relaciones sexuales extramatrimoniales.
Los abogados del republicano habían alegado que el Congreso no estaba legitimado para requerir toda esa información para seguir sus investigaciones. En el caso de la Fiscalía de Manhattan, ponen sobre la mesa la “inmunidad” del presidente mientras ocupe el cargo.
La interpretación constitucional del Departamento de Justicia estadounidense establece que los mandatarios no son procesables y por eso deben someterse a procesos de impeachment o juicios políticos en el Senado, como el celebrado a principios de año a raíz del escándalo de Ucrania. “Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de aportar pruebas cuando se le requiere en un proceso penal”, señaló el presidente del Supremo, el juez conservador John Roberts.