Maikel Oropeza, defensor de derechos humanos y especialista en Derecho Penal, ve con preocupación el hacinamientos y el déficit nutricional y sanitario en los centros de detención preventivos de La Guaira, situación que se agudiza por la cuarentena obligatoria decretada por la llegada del Covid-19.
Oropeza destaca que se hizo una inspección en los retenes de Macuto y Caraballeda, donde se presenció las irregularidades, sobre todo cuando el Ministerio Penitenciario dice que todo está marchando con normalidad.
«Uno va a cualquier lugar de reclusión y no es así. Allí se ve una situación de decadencia, trato cruel e inhumano tanto al privado como a los familiares, e incluso, recibimos una denuncia de la madre de un detenido, quien corroboró lo que sucede y que además es una constante».
«La salud está en riesgo»
Refiere que en estos centros policiales, los privados de libertad no están siendo atendidos a nivel sanitario e incluso a nivel de tribunales. «Hay varias órdenes de traslado a hospitales, pero supuestamente no se cumplen por parte de los efectivos».
Precisa que familiares le informaron que las autoridades les cambian las horas para recibir las comidas, y que además se las entregan días después cuando están malas, ante esto, han hablado con los superiores, pero se resuelve solo por pocos días./jd
José Ángel Maicabares