Salarizar los bonos proponen sindicatos

Según Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela y miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, en Venezuela “no hay una política salarial que garantice a los trabajadores vivir dignamente”.

León recordó que el último acuerdo de contratación colectiva que se firmó en Venezuela para el sector público fue en 2015, el cual tenía vigencia hasta 2017; posteriormente en 2018 quedó congelado con Memorándum 2792 y desde entonces no hay discusiones en torno a este tema.

El Memorándum 2792 autorizó a todos los entes pertenecientes a la administración pública a revisar todos los acuerdos salariales establecidos por contrataciones colectivas del sector.

“En el supuesto de aquellas convenciones colectivas de trabajo que hubieran sido suscritas con anterioridad al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica y se haya pactado como inicio de la escala, tabla o tabulador un valor porcentual por encima del Salario Mínimo Nacional o un factor multiplicador de este, deberá someterse a revisión”, reseña el Memorándum 2792.

Ese año, dirigentes sindicales de empresas básicas y diferentes órganos de la administración pública denunciaron que dicho instrumento había sido pactado con fines políticos, aunque esta queja no surtió efecto ya que posteriormente en 2022 y con vigencia hasta 2025, se aprobó el Instructivo Onapre, una norma que establece criterios para el control de presupuestos de los entes descentralizados del sector público nacional; es decir, la continuación del mencionado “memorándum”.

Para León, el gobierno debe “salarizar” los ingresos totales de los trabajadores del Estado, es decir, los bonos, ya que en la actualidad el salario básico del empleado público venezolano es de $1,95 y aunque se pagan bonificaciones extras o los llamados “bonos”.

Además, mencionó que, aunque se sabe que un aumento significativo del salario mínimo venezolano no puede darse de un día para otro, porque puede desestabilizar la economía, este debe hacerse de forma progresiva y real, para que pueda generar una incidencia en las prestaciones a largo plazo, para poder ofrecer una calidad de vida verdadera a los venezolanos.

En Venezuela, la fuerza de trabajo económicamente activa es de 14 millones de personas, de los cuales 9 millones corresponden al sector privado y solo 3 millones 100 mil corresponden al sector público. Además, 4 millones 600 mil pensionados que existen en el país también recaen sobre el sector público, generando un total de 7 millones y medio.

Otro dato importante es que, de los 9 millones de personas del sector público, también se incluyen a los “cuentapropistas” y trabajadores independientes, por lo que la cifra real seria de 3 a 3 millones y medio.

Brecha salarial

La brecha entre el salario mínimo y los bonos es inmensa.

“Si todo fuese salario, tendría incidencia en todas las cláusulas de los convenios que existen: salud, recreación, horas extras, días feriados, prestaciones, bono vacacional, aguinaldos y todo lo que corresponde según la ley”, afirmó la entrevistada.

“Nosotros logramos, con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un método de consulta salarial en 2023, que se puso en ejercicio por primera vez en 2024 y posteriormente en 2025 el gobierno nos entregó indicadores actualizados”, comentó León.

En el caso del sector privado, los salarios van desde 50 dólares hasta los 200 dólares, según lo que los empresarios declaran al ministerio de trabajo, además de que se encuentran discutiendo mejoras en las contrataciones colectivas. Pero en el sector público el salario básico es de 1,95 céntimos de dólar y no se avizora una mejorar en el mismo, más que las bonificaciones indexadas.

A pesar de esto, León es optimista con respecto a la situación de los trabajadores venezolanos y dice que “este es el año de la recuperación salarial”.

Con información de Noticias Fe y Alegría