El fiscal general Tarek William Saab aseguró que “no se puede tipificar que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados por todo el peso de la Ley”.
Aclaró que actualmente la Corte Penal Internacional analiza dos cuestiones sobre Venezuela, referidos a la llamada “Venezuela I” sobre presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de acciones de violencia política, y Venezuela II sobre las sanciones de Estados Unidos.
Señaló que todavía no se ha iniciado una investigación y en esta etapa preliminar, procede la colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana.
“La Corte solo tiene competencia, de conformidad con el Estatuto de Roma, respecto del crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra; y el crimen de agresión. Como explica el Estatuto de Roma en su artículo 1, la CPI tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, es decir, que actúa solo cuando la jurisdicción nacional de un país no ha querido investigar crímenes que están bajo su competencia o no han podido hacerlo por determinadas circunstancias, para que un caso pase a la Corte, debe superar el proceso de revisión preliminar en el que se verificará que los delitos estudiados son de competencia de la Corte, y luego debe verificarse su admisibilidad, es decir, si existen elementos para que el caso sea admitido para iniciar una investigación”.
Destacó que en el caso de que la Fiscal llegara a concluir que en Venezuela han ocurrido delitos que se pueden enmarcar dentro de su competencia, el Estado está preparado para demostrar fehacientemente que los hechos de violencia y las violaciones a los DDHH se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la Ley.
Resaltó que Venezuela desde sus orígenes ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional y ha hecho aportes para su evolución en beneficio de la justicia internacional.