El fiscal general Tarek Willian Saab anunció en una rueda de prensa los motivos de la detención de la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, quien, según sus investigaciones, aparece en documentos de la operación “Brazalete Blanco”.
Esta operación tenía como supuesto objetivo la Brigada 21° de Infantería de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y el batallón “Negro Primero”, en el estado Táchira, para hacerse con un parque de armas de unos 482 fusiles AK-103, 51 pistolas y 10 escopetas.
El Ministerio Público indicó que hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar y 4 medidas cautelares entre los involucrados en la operación.
Agregó que la activista apareció en la lista de contactos del capitán retirado del Ejército, Anyelo Heredia, detenido como principal organizador de la operación para atentar contra la vida del gobernador del Táchira, Freddy Bernal, y el presidente de la República, Nicolás Maduro.
San Miguel apareció también explícitamente en un documento llamado “Orden de Operación”, en el cual “se especificaban todas las operaciones que iban a desarrollar”, informó Saab.
Dentro del texto, se reflejan algunas funciones que presuntamente iba a cumplir la presidente de la ONG Control Ciudadano, como “trasladar el equipo comunicacional para cubrir el evento y realizar la primera entrevista de los avances de la operación”.
Además, se estipula que coordinaría la protección de los derechos humanos de los militares involucrados, y pedir ayuda de la Cruz Roja para evitar ataques aéreos o bombardeos.
Para Saab, las actividades que desarrollaba Rocío San Miguel antes de su detención “para nada pueden considerarse defensa de los derechos humanos”.
Junto a la periodista y abogada aparecen también los nombres de Norbey Marin, Wender Enrique, Tamara Suju y Sebastiana Barráez, quienes tienen órdenes de aprehensión.
El Fiscal también reveló que, en el allanamiento de la casa de la activista, fueron encontrados “18 mapas cartográficos en los cuales se han demarcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad”.
En total, indicó que en los mapas se demarcaron “más de 24 zonas de seguridad”, incluyendo la del Palacio de Miraflores, y también aseveró que “los mismos familiares de San Miguel reconocieron que eran de ella”.
Asimismo, la acusó de «elaborar listados y perfiles de los mandos militares del país», entregar información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país, y de recibir un pago en dólares de una trasnacional petrolera.
“Por Dios, díganme, ¿en qué lugar del mundo, teniendo estos elementos investigativos, usted no inicia una investigación?”, señaló el Fiscal de la República.
Acerca de la suspensión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Venezuela, resaltó que, a pesar de conocer la aprehensión de San Miguel, «seguían manteniendo la tesis de la desaparición forzada». Eso es ofensivo, por eso el Estado decidió suspender por 30 días a esta oficina».
«Quisieron fungir como auditores, comenzaron a solicitar expedientes que nada tienen que ver con derechos humanos», recalcó el Fiscal sobre la oficina de las Naciones Unidas.