*Aseguran que esta situación complica el hacinamiento
Amy Torres.- A través de un misiva enviada al diario La Verdad, más de 100 privados de libertad que permanecen en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caraballeda se quejaron de que desde hace dos meses no se celebran audiencias en el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Vargas.
“Tiene dos meses sin cumplir con sus funciones y entre 15 y 20 procesados retrasados sin una respuesta concreta de sus audiencias, las cuales son diferidas en su totalidad, lo que genera retraso procesal”.
Denunciaron que esta problemática complica el hacinamiento en los referidos calabozos. “Están destinados a albergar máximo 20 reos a razón de un metro por persona por tratarse de un espacio de 20 metros cuadrados. Sin embargo, somos 60 por cada celda y esto aumenta el riesgo de enfermedades en la piel”.
Asimismo, indicaron que deben lidiar con la falta de suministro de agua, que sumado al intenso calor convierten las instalaciones en un foco de insalubridad. “El agua para el consumo nos la pasan con 24 horas de diferencia con los familiares, lo que aumenta la aparición de malestares estomacales”.
Sostienen que con este escenario el Tribunal Primero de Control promueve la “violación de derechos humanos y fundamentales. Esto lo padecemos nosotros y también los compañeros del retén de Macuto, las privadas femeninas y los menores”.
“Hacemos un llamado de atención al sistema judicial para que este tribunal retome sus funciones, pues en 45 días que tienen fijadas las audiencias estas tardan hasta 180, lo que además implica pérdida de tiempo y dinero para las familias de los reclusos.
Cayapas judiciales no se instalan
desde hace dos años
Los privados de libertad aprovecharon de pedir la instalación de mesas técnicas o cayapas judiciales en Caraballeda, que permitan descongestionar el recinto y acelerar los procesos penales. “Desde hace dos años no las despliegan”.
Designación depende de Comisión Judicial del TSJ
Una fuente fidedigna del Circuito Judicial Penal de Vargas aclaró que la situación en el referido tribunal se debe a que el juez Francisco Lara recibió el beneficio de la jubilación hace más de un mes y su reemplazo, por tratarse de una falta absoluta, depende de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no del presidente del circuito.
Con este son dos los tribunales (primero y cuarto de control) que están acéfalos por la jubilación de sus titulares.